miércoles, 20 de junio de 2007
oax
sábado, 16 de junio de 2007
Chiapas
Inicio del Reenvio
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Ejido Petalcingo, Municipio de Tila, Chiapas, México,
a 13 de Junio de 2007.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CHIAPAS, MÉXICO Y EL
MUNDO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.
EN CHIAPAS LA LEGALIDAD ES VIOLADA SISTEMÁTICAMENTE
POR LAS PROPIAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
Lo sucedido el pasado lunes 11 de junio en el ejido
Petalcingo es una clara muestra de que en Chiapas nada
ha cambiado: siguen reinando la ilegalidad, la
violencia impune de los caciques locales y el
contubernio en todo ello de las diferentes
dependencias gubernamentales.
Desde hace varios meses el MRPS–FNLS ha realizado
denuncias públicas y movilizaciones en contra de las
maniobras turbias del presidente municipal de Tila,
Juan José Díaz Solórzano, con las que trata de imponer
un proyecto de agua potable enmarcado mañosamente
dentro del esquema de PRIVATIZACIÓN DEL AGUA. Con ello
este cacique violó flagrantemente la legislación
agraria, al no haber dado ningún tipo de información
sobre el proyecto ante la Asamblea Ejidal; además de
cometer presuntos actos de corrupción en la ejecución
de las obras.
Debido la presión política que ejercimos se logró
abrir una Mesa de Trabajo, para que dicho presidente
municipal compareciera el pasado 18 de mayo en la
ciudad de Yajalón a explicar esta situación. Así, el
Ing. Juan José Díaz Solórzano, acompañado de su
Director de Obras Públicas, Gabriel Díaz Hernández, y
del Primer Regidor de Tila, Reynaldo Gómez Cruz, se
presentaron a dar una explicación ante el Lic. Omar
Burguete Domínguez (Subsecretario de Operación
Regional Selva), Lic. Jesús Octavio García Durán
(Delegado de Gobierno en Yajalón), Lic. Magín Flores
Vidal (Asesor de la Oficina del Comisionado para la
Reconciliación de Comunidades en Conflicto), Lic.
David Torres Zetina (Residente de la Oficina Regional
de la Procuraduría Agraria en Palenque), Ing. Humberto
Velasco Andrade (Visitador de la Procuraduría Agraria
en Yajalón), y una comisión del MRPS–FNLS de
Petalcingo.
Ya que la Ley Agraria establece que toda obra a
ejecutarse dentro de un ejido debe ser previamente
informada, discutida y aprobada por la Asamblea Ejidal
antes de iniciarse, y considerando que el sistema de
agua potable en Petalcingo llevaba ya meses
construyéndose, se tomó el Acuerdo de que el
presidente municipal asistiría ante la Asamblea de
Ejidatarios, en presencia de todas las personas
presentes en dicha Mesa de Trabajo, para dar toda la
información referente al citado proyecto. La fecha
acordada fue el pasado viernes 8 de junio a las 10:00
horas.
Sin embargo un día antes el Ing. Juan José Díaz
Solórzano canceló la cita acordada, posponiéndola para
este lunes 11 en el mismo lugar. Con esta maniobra la
mayoría de los funcionarios que debían asistir
tuvieron dificultades con sus agendas, por lo cual no
llegaron sino únicamente los que de por sí estaban
previamente en contubernio con este presidente
municipal; en lugar de los demás asistieron suplentes
de menor nivel. No obstante, tampoco llegó a la cita
del lunes el Ing. Díaz Solorzano, acudiendo en su
reemplazo el Primer Regidor Reynaldo Gómez Cruz, el
Director de Obras Públicas del municipio, Ing. Gabriel
Díaz Hernández, y el Secretario Municipal Ing. Jorge
Espinoza.
Como previamente lo denunciamos este domingo, durante
el fin de semana los priístas del ejido estuvieron
convocando a la Asamblea a toda la población del
ejido, día y noche con los equipos de voceo que les
proporcionó el presidente municipal, sin respetar el
acuerdo de que solamente fueran los Ejidatarios y
saltándose a la autoridad facultada para ello que es
el Comisariado Ejidal. Al mismo tiempo comenzaron a
difundir amenazas diversas hacia los compañeros del
MRPS–FNLS, para tratar de evitar que asistieran. Ya el
lunes 11 por la mañana, montaron un retén en el que
con autoritarismo y lujo de violencia impidieron que
la gente saliera del ejido.
El Comisariado Ejidal intentó mantener el acuerdo de
realizar la Asamblea de Ejidatarios en el Salón de
Actos, dando la información respectiva a través del
sonido de la comisaría; pero los priístas lo
bloqueaban con sus diversos equipos de voceo, llamando
a toda la población al parque del ejido. Al llegar los
funcionarios de gobierno (la mayoría de nivel inferior
al acordado) y entrar al Salón de Actos, varios
priístas que no eran ejidatarios y por lo tanto no
debían entrar a la Asamblea, ingresaron a la fuerza
golpeando fuertemente a dos compañeros del MRPS–FNLS:
Gonzalo Martínez López y Agustín Pérez Gómez, a quien
arrastraron varios metros por el suelo. En ése marco
las priístas Blanca Cruz Pérez y Apolinaria Pérez
Pérez golpearon a una mujer que creyeron venía con el
MRPS–FNLS, pero que en realidad era parte de la
Dirección de Obras Públicas del municipio.
La Asamblea no pudo llevarse a cabo por la violencia
que desataron los priístas y que amenazaba con subir
de tono, así que los funcionarios decidieron salir del
local y al hacerlo fueron interceptados por los
priístas, quienes los llevaron forzadamente hasta el
parque del ejido en donde estaba concentrada su gente.
Una vez ahí, el contubernio con algunos de ésos
"funcionarios" fue evidente:
v El Ing. Humberto Velasco Andrade, Visitador de
la Procuraduría Agraria en Yajalón (a quien el
MRPS–FNLS ha denunciado varias veces por los actos
ilegales y abusivos que comete en la región al
intentar imponer el PROCEDE en los ejidos), pasando
por encima de las facultades que le da su cargo, sin
cumplir con los requisitos que marca la ley, fuera de
una Asamblea Ejidal y sin la Convocatoria respectiva,
procedió a dar "nombramiento" a un nuevo Comisariado
Ejidal de filiación priísta. De este modo pasó por
encima no sólo del máximo órgano de decisión del ejido
que es la Asamblea, sino también de su propia
instancia superior, la Residencia Regional de la
Procuraduría Agraria de Palenque, con la cual el
MRPS–FNLS ha venido atendiendo la defensa del
Comisariado debidamente elegido por la Asamblea de
Petalcingo, de los embates priístas que buscan
destituirlo para poner un cómplice suyo que apruebe el
proyecto del agua sin consultarlo a los Ejidatarios.
v Por su parte Reynaldo Gómez Cruz, Primer Regidor
de Tila, sin tener facultades legales para ello,
procedió a "devolverle" el cargo de Agente Municipal a
José Cruz Pérez: destituido de dicho cargo por el
MRPS–FNLS, debido a sus abusos de poder y a los
constantes escándalos públicos que comete en estado de
ebriedad; sin olvidar que hace apenas un mes falsificó
cerca de 900 firmas de habitantes del ejido con fines
electorales. Con ello este "Regidor", además de
extralimitarse en sus funciones, pasó por encima de la
Minuta de Acuerdo firmada el 21 de junio de 2006 por
él mismo, por el presidente municipal Juan José Díaz
Solorzano y por el Comisionado para la Reconciliación
de Comunidades en Conflicto, Juan González Esponda, en
la cual se establece que el Agente Municipal y su
equipo de trabajo serán nombrados por el MRPS–FNLS.
v Una vez cometidas las arbitrariedades antes
señaladas, los priístas procedieron a tomar por la
fuerza la oficina de la Agencia Municipal, sacando
violentamente a los compañeros del MRPS–FNLS que
cumplían ahí con su trabajo.
v Lo mismo pretendían hacer en la Comisaría
Ejidal, pero el titular no se encontraba en ése local
por el momento. Sin embargo el día de ayer los
priístas tomaron también por la fuerza estas
instalaciones, a las que pusieron su cadena y candado
al igual que en el Salón de Actos del ejido.
v Cabe mencionar que toda esta penosa situación se
llevó a cabo bajo la presencia y complacencia del
señor Jorge Luis Montejo, operador de la Oficina del
Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en
Conflicto; y del personal dependiente de la
Subsecretaría de Operación Regional Selva y de la
Delegación de Gobierno en Yajalón.
Es importante resaltar que esta situación se veía
venir desde hace meses, tal como el MRPS–FNLS lo dio a
conocer a través de los medios de comunicación, sin
que las autoridades competentes hicieran nada al
respecto.
El 26 de marzo, en Palacio de Gobierno de Tuxtla
Gutiérrez, entregamos nuestro Pliego de Demandas como
organizaciones del FNLS en Chiapas; en donde se
abordaba este caso. Se nos dijo que en un mes
tendríamos una primera respuesta, pero hasta hoy no se
nos ha atendido.
El 27 de marzo acudimos con el Comisionado para la
Reconciliación de Comunidades en Conflicto, Juan
González Esponda, a quien le planteamos personalmente
este problema y se comprometió a darnos respuesta en
ocho días. Han pasado ya más de dos meses y medio, se
le hicieron varias visitas y llamadas a sus oficinas,
se le entregó ahí un informe avisándole que el
conflicto se estaba agravando, se habló del caso con
sus operadores Magín Flores y Jorge Luis Montejo, pero
jamás tuvo González Esponda la voluntad política de
resolver el asunto, ni de respondernos siquiera por
teléfono. Hoy, con la complicidad mostrada por su
operador con los priístas de Petalcingo, queda claro
el porqué.
EXIGIMOS CASTIGO PENAL Y CESE INMEDIATO DE SUS
FUNCIONES al Presidente Municipal Juan José Díaz
Solórzano, quien llegó al cargo a través de un fraude
electoral y envuelto en un penoso hecho de violencia
(el operativo policíaco del 15 de febrero de 2005), y
está terminando su periodo dividiendo y confrontando
violentamente a la población.
EXIGIMOS AUDITORÍA a las finanzas municipales de la
actual administración, en lo general y en lo que tiene
que ver concretamente con el citado proyecto de agua
potable en Petalcingo, en donde hay suficientes
indicios de corrupción y desvío de fondos.
EXIGIMOS CASTIGO PENAL Y EL CESE DE FUNCIONES del
Visitador Agrario de la P.A ., Ing. Humberto Velasco
Andrade, quien ha sido muchas veces denunciado por
cometer acciones ilegales y corruptas al intentar
imponer el PROCEDE en los ejidos de la región, y esta
vez se tomó atribuciones que no le corresponden y que
están abonando a radicalizar el conflicto que se vive
en Petalcingo.
EXIGIMOS EL CESE DE FUNCIONES del Comisionado para la
Reconciliación de Comunidades en Conflicto, Juan
González Esponda, quien no tiene ni la capacidad ni la
voluntad política de cumplir con las obligaciones que
supone su cargo, y en lugar de ello ha provocado
divisiones en muchas comunidades y organizaciones de
Chiapas.
¡¡¡ POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO OPRIMIDO !!!
Movimiento de Resistencia Popular del Sureste
(MRPS–FNLS)
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
Coordinación Estatal Chiapas del
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Fin del Reenvio
Desde el extranjero sobre Oaxaca
Oaxaca
Marjorie Cohn
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Una leyenda azteca nos habla de un guerrero que estaba
enamorado de una princesa. Cuando partió a la guerra,
los amantes se prometieron amor eterno. El guerrero
murió en la batalla, pero para cumplir su promesa a la
princesa, volvió como una brillante flor roja
anaranjada. Esa flor ahora adorna los flamboyanes
(malinches) en toda Latinoamérica. Otra leyenda sobre
los flamboyanes, habla de la lucha del pueblo
puertorriqueño contra la dominación colonial.
El domingo 10 de junio de 2007, bajo un flamboyán, la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) realizó
una conferencia de prensa para anunciar la liberación
de uno de los dirigentes de la lucha popular de un año
de duración por la justicia social y económica en
Oaxaca. Marcelino Coache Verano, secretario general
del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Oaxaca
y consejero de la APPO, había sido arrestado,
brutalmente golpeado, y mantenido en prisión durante
seis meses antes de ser liberado el 31 de mayo, ante
la falta de elementos para mantener los delitos
fabricados por el Estado.
La conferencia de prensa inició una semana de acciones
para conmemorar el brutal ataque del 14 de junio de
2006, de 1.000 policías armados contra gente que
manifestaba pacíficamente en apoyo a las demandas de
unos 70.000 maestros por mejores salarios, la mejora
de los edificios escolares, y mejores recursos para
los niños. Un maestro gana típicamente el equivalente
de 220 dólares cada dos semanas, y tiene que comprar
los suministros escolares. Aunque la constitución
mexicana garantiza la educación libre, las madres
tienen que pagar por la matrícula.
El gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, envió a
la policía estatal, acompañada por perros, que atacó
brutalmente a los maestros y partidarios dormidos.
Atacó con gases lacrimógenos a todos los que se
encontraran cerca, incluyendo a mujeres embarazadas y
niños; una mujer abortó como resultado. Noventa y dos
personas fueron heridas. Miembros de la comunidad
reaccionaron indignados, defendiéndose con lo que
podían encontrar. Persiguieron a la policía fuera de
la plaza y restablecieron el campo.
El 17 de junio, varios cientos de organizaciones
locales se reunieron para formar la APPO, que incluye
a 350 diferentes organizaciones civiles que trabajan
en áreas de temas indígenas, desarrollo comunitario
sostenible, derechos humanos, y justicia social. La
APPO exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Mientras tanto, el movimiento continuó su crecimiento,
con manifestaciones grandes pero pacíficas. El 1 de
agosto, marcharon cientos de mujeres, y cuando la
estación de radio del gobierno les negó tiempo en las
ondas, ocuparon la radio y ellas mismas transmitieron
su opinión.
Durante todo este período, continuaron las incursiones
policiales, las golpizas y los tiroteos. El 28 de
octubre, mataron a cuatro personas, incluyendo al
periodista de Indymedia y ciudadano estadounidense
Brad Will y a un maestro mexicano, Emilio Alonso
Fabián.
El gobierno mexicano envió a la Policía Federal
Preventiva. El 25 de noviembre, apareció con todo su
equipo contra disturbios y rodeó toda el área,
disparando gas lacrimógeno. Mientras la gente huía,
muchos fueron arrestados y golpeados. Entre los
prisioneros, algunos estaban esa mañana simplemente en
camino al trabajo o en la plaza del mercado. Ciento
setenta personas fueron arrestadas ese día, y la
mayoría fue llevada a la lejana prisión de Nayarit.
Treinta y cuatro eran mujeres, y cinco eran menores.
En diversas ocasiones durante el período de siete
meses, maestros, trabajadores, profesores y artistas,
muchos de ellos indígenas, ocuparon la plaza principal
de Oaxaca. Aunque el movimiento cristalizó para apoyar
a los maestros en huelga, la frustración de la gente
fue la consecuencia de profundos problemas económicos
y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que
empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los
trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las
políticas neoliberales del gobierno de Bush. La
mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su
mayor parte vive en extrema pobreza.
La semana pasada participé de una delegación de
derechos humanos de abogados del Sindicato Nacional de
Abogados, de la Asociación Internacional de Abogados
Democráticos, y de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos en México para investigar presuntas
violaciones del derecho internacional por la policía
contra la gente de Oaxaca durante el año pasado. Nos
reunimos con abogados, trabajadores y prisioneros.
Coache Verano relató cómo él y otros tres activistas
habían sido arrestados en la Ciudad de México, cuando
iban en camino a reunirse con funcionarios del
gobierno para negociar un fin de la disputa. Los
desnudaron, golpearon y guardas caminaron sobre sus
espaldas. A Coache Verano le quebraron un dedo. Otro
de los detenidos fue liberado junto con Coache Verano.
Los otros dos, incluyendo al dirigente de la APPO,
Flavio Sosa Villavicencio, siguen presos. La mujer de
Coache Verano y sus jóvenes hijos nos contaron cómo
fueron aterrorizados durante meses con amenazas de
muerte y disparos contra su hogar.
Los dos prisioneros fueron interrogados en la prisión
Tlacolula, a unos 30 kilómetros fuera de Oaxaca, y
también describieron cómo fueron golpeados por la
policía. Flabiano Juárez Hernández no formaba parte de
la manifestación. Estaba trabajando en el mercado
cercano de la plaza cuando fue arrestado el 20 de
noviembre y acusado de robo de autos, un crimen
considerado tan serio, que no hay posibilidad de
fianza. Los golpes contra su cabeza requirieron varios
puntos y dejaron una cicatriz. Juárez Hernández es
indígena y no habla español fluido; sin embargo
rechazó los servicios de un intérprete.
Wilbert Ramón Aquino Aragón es un trabajador que
participó en las manifestaciones del 20 y el 25 de
noviembre. El 10 de enero, fue arrestado por intento
de asesinato de un chofer de taxi que jamás había
visto. Le dijeron que lo liberarían si identificaba a
personas en las fotografías de la policía. Ya que se
negó, sigue detenido en Tlacolula. La policía golpeó
tan severamente a Aquino Aragón que deberá ser operado
la próxima semana. Su cabeza tiene cicatrices de los
golpes recibidos de la policía.
Pedro Garibo Pérez, de veinte años, no participó en la
manifestación. Pero el 20 de noviembre, fue arrestado
y lo mantuvieron boca abajo durante seis horas con su
pierna sobre un silenciador caliente. La quemadura de
20 cm. sobre su pierna no fue cuidada durante más de
dos meses y medio. Cuando finalmente los abogados
pudieron visitarle, vieron grandes áreas de carne
expuesta en su pierna. Como resultado de sus demandas,
recibió finalmente atención médica. Garibo Pérez pasó
110 días en el hospital, le diagnosticaron un hematoma
y recibió un implante de piel.
Una viuda de 50 años llamada Aurelia estaba trabajando
como criada dentro de una casa el 25 de noviembre, y
no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Acababa de
dejar su trabajo cuando la arrestaron a media cuadra
de distancia. Iba caminando por la calle y vio a gente
corriendo por doquier. La policía comenzó a disparar
gas lacrimógeno a todos. Dijo: "Sentí que me asfixiaba
y los ojos se me llenaron de lágrimas. No podía
moverme. Estaba tan asustada."
La policía agarró a Aurelia por los cabellos, la
insultaron y la patearon. La obligaron, junto con
varias otras mujeres, a arrodillarse durante dos horas
sobre los adoquines. Luego las tiraron en un solo
montón sobre un camión, "como animales, con manos y
pies atados." Muchas gritaban que no podían sentir sus
piernas. Los policías respondían: "¡Igual pueden
morirse viejas brujas!"
Aurelia tuvo que dormir sobre un bloque de hormigón en
una pieza fría, sin frazada. "Más tarde esa noche,"
dijo Aurelia, "se podía escuchar a los hombres
gritando cerca. Pensé en miembros de mi familia que
estaban allí gritando, golpeados." Muchas de las
mujeres fueron golpeadas; algunas sufrieron heridas en
la cabeza.
Las llevaron en avión a Nayarit y las retuvieron allí
durante 21 días. Durante ese tiempo, las mujeres no
supieron nada de los hombres o del resto de sus
familias.
El tratamiento al que fue sometida a esa gente viola
la Convención contra la tortura y otro tratamiento o
castigo cruel, inhumano o degradante, lo que explico
en mi libro: "Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang
Has Defied the Law" [República de vaqueros: seis
maneras como la pandilla de Bush ha desafiado la ley.]
Tres de las técnicas utilizadas por la policía en
Oaxaca se originaron aparentemente en EE.UU. Incluyen
aterrorizar a la gente con perros feroces, amenazas de
lanzar a prisioneros desde helicópteros al mar, y una
técnica de humillación que consiste de negar
privilegios higiénicos, dejando que la gente defeque
en su ropa.
Nueve hombres siguen detenidos. Hay sólo 13 abogados
representando a las 350 personas contra las que
todavía hay acusaciones. Muchos de los abogados han
sufrido alguna forma de acoso, incluyendo amenazas,
golpizas, y acoso sexual. Cinco reclusos fueron
obligados a firmar declaraciones acusando a la abogado
Yésica Sánchez Maya, presidente de la Liga Mexicana de
Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), a cambio de
su liberación de la prisión. Sánchez Maya, de 29 años,
una dirigente apasionada y efectiva del movimiento,
nos dijo que puede ser arrestada en todo momento.
Sigue inquebrantable.
La Comisión Civil Internacional por la Observación de
los Derechos Humanos concluyó que 20 personas han sido
ilegalmente ejecutadas durante los últimos meses. APPO
ha documentado 29 que han sido asesinadas y 100
torturadas durante esta lucha.
Los asesinatos han sido realizados por paramilitares o
grupos parapoliciales presumiblemente vinculados al
gobierno del Estado.
El 14 de marzo de 2007 la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México informó que 12 personas
habían sido asesinadas y documentó 1.600 violaciones
de los derechos. La Comisión exigió que el Senado
castigue los asesinatos y otros abusos de los derechos
humanos en Oaxaca. APPO criticó el informe por pasar
por alto asesinatos y por no implicar a Ruiz.
El ministro de la Corte Suprema mexicana, Juan Silva
Meza, dijo el 28 de febrero que autoridades federales,
estatales y municipales cometieron graves violaciones
de derechos humanos durante el conflicto de Oaxaca.
Silva Meza recomendó que la Corte cree un comité para
investigar a los funcionarios públicos responsables.
Abogados de LIMEDDH y de la APPO han presentado
denuncias contra Ruiz, el presidente de México, y el
fiscal general para tratar que Ruiz sea destituido y
que sean hechos criminalmente responsables. Las
acusaciones incluyen asesinato, tortura, desaparición
forzada, y negación de justicia. No ha habido
actividad resultante de estas demandas aunque se
nombró un fiscal especial (que no es independiente) y
la Corte Suprema ha señalado su intención de formar un
comité para investigar.
Por el momento Marcelino Coache Verano tiene su
libertad. Pero, dijo a los periodistas; "no habrá
libertad para nosotros si no hay libertad para
nuestros compañeros. No habrá justicia hasta que los
responsables por los asesinatos y la tortura sean
llevados ante la justicia."
El gobierno ha criminalizado el movimiento social. Y
los problemas subyacentes de la lucha siguen sin ser
resueltos. Pero como el flamboyán, el movimiento en
Oaxaca continuará floreciendo. "Nunca antes fui a las
marchas," dijo Aurelia, "pero ahora después de lo que
el gobierno me ha hecho, estaré allí para mostrar mi
apoyo. No sé lo que es la APPO porque nunca he estado
en nada que tenga que ver con la APPO, pero ahora voy
a apoyarlos. He oído hablar de los maestros y también
los apoyaré, ahora, porque duele tanto lo que el
gobierno me hizo."
----------
Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho
Thomas Jefferson y presidente del Sindicato Nacional
de Abogados. Su nuevo libro: "Cowboy Republic: Six
Ways the Bush Gang Has Defied the Law," será publicado
en julio.
http://www.counterpunch.org/cohn06132007.html
Desde Cuba debate, CULTURA
Sociedad del conocimiento y conocimiento de la sociedad
2007-06-15
| Se trata de un dilema contemporáneo que implica bastante más que el aparente juego de palabras. Han transcurrido apenas unos pocos decenios desde que Peter Drucker esbozara por primera vez el concepto de sociedad del conocimiento, la que poco después llamaría también como "sociedad post-capitalista": en su seno la producción de riqueza sería una función cada vez más directa del conocimiento, o por mejor decir, de la productividad del mismo. Lo de "post capitalista" no pasaba de ser un calificativo, toda vez que, examinada con ojo crítico, su modelo de sociedad desemboca en un mercado mundial unificado, cuyo única fuente de regulación, si así pudiera calificarse, sería precisamente su "libre operación". En la pasada década de los ´90, otros autores vinieron a reforzar la idea a partir de la impresionante expansión de las capacidades de acumulación, procesamiento y transmisión de información, en virtud de los explosivos avances tecnológicos resultantes de las ciencias informáticas y la exponencial multiplicación de las capacidades de telecomunicación. Durante esa década, por momentos se confundían los términos en uso: sociedad del conocimiento o sociedad de la información. En realidad, y como apunta en un muy reciente libro el académico británico Paul Cilliers, "conocimiento" ha sido uno de los términos mercantilizados en esta época: se habla de "industria del conocimiento" e (incluso) de "gerencia del conocimiento", como si el conocimiento fuera algo susceptible de comercializarse, con independencia del sujeto que posee ese conocimiento; se le trata como una "cosa", algo que "existe" y puede colocarse en portadores digitales o sitios de INTERNET. En propiedad, tales "cosas" debieran identificarse como datos o incluso como "información", pero el concepto de conocimiento hay que reservarlo para aquella información que es contextual e históricamente situada por un sujeto "conocedor". La cuestión no es nada abstracta: son los hombres los que crean y aplican el conocimiento. La información, el discurso, los datos, necesitan ser elaborados e interrelacionados -por las personas y no sólo por las máquinas- con respecto a un tiempo y a un lugar, a una situación dada. Sólo la intervención de las personas puede conferir a la información la categoría de conocimiento. Coincido por tanto con quienes afirman que la llamada "sociedad del conocimiento" sería más bien una etapa aún no alcanzada de la civilización, posterior a la actual era de la información, para alcanzar la cual serán esenciales por igual las oportunidades que abre el impetuoso desarrollo de los medios técnicos y la humanización de las sociedades actuales. En tanto sumen millones e incluso cientos de millones los seres humanos para quienes nada significan las gigantescas cantidades de datos y otras formas de información almacenadas y transmitidas, a causa, digamos, de carecer de la más elemental educación, no podrá hablarse con seriedad de una sociedad del conocimiento. Contradictoriamente, la reproducción y expansión del modelo capitalista neoliberal derrochador, hiperconsumista, parece confirmar más allá de toda duda que bajo sus premisas el conocimiento no se multiplica como un bien público, sino como una fuente de competitividad de apropiación cada vez más privada, corporativa, al cual sólo puede tener acceso una fracción minoritaria, cada vez más pequeña pero con más solvencia, de la sociedad. No podrá haber entonces sociedad del conocimiento hasta que transcurra una imprescindible "humanización" de la sociedad. Esto último implica, como premisa indispensable, comprender cada vez mejor cómo funciona la sociedad: sus normas, las relaciones de poder entre sus componentes, la estratificación social y las fuentes de cambio en el orden prevaleciente. No pretendo incursionar en las interioridades de las ciencias de la sociedad, de las que sin embargo me siento deudor y convencido defensor. Trato simplemente de llamar la atención sobre que el conocimiento científico no es completo en tanto no incluya a los hombres y las relaciones sociales entre ellos. En tanto no conozcamos a profundidad la sociedad y, sobre todo, cómo transformarla en el sentido creciente de su "humanización", las invocaciones casi litúrgicas al "conocimiento" significarán poco más que propaganda comercial del último modelo. Un estimado compatriota cuyo campo es precisamente la sociología, J.L. Martín, ha examinado recientemente las que ha llamado "razones del peligro" en el siglo XXI. Para él, las formas de organización económica y social que hoy en día aun prevalecen no parecen encaminarse a una "globalización" propiamente dicha sino, por el contrario, apuntan de modo simultáneo a un proceso de fragmentación cuyo resultado podría ser la bifurcación progresiva de la especie humana. De mi parte me gustaría recordar al efecto que los actuales seres humanos somos la resultante de un muy largo proceso adaptación a lo largo del cual hemos ido adquiriendo comportamientos corporales y extra corporales que constituyen nuestra característica principal: la inteligencia aplicada a la modificación (en provecho propio) del medio circundante. Es precisamente esa capacidad la que ha permitido (hasta ahora) que nuestra especie haya logrado apartarse relativamente de la selección natural. En otras palabras, los humanos hemos ido conformando una evolución histórica en que los factores culturales tienden a sobrepasar ampliamente a los puramente biológicos. Las ventajas aparentes de la cultura como factor evolutivo humano son evidentes: es acumulativa y fácilmente socializable, y con ella la capacidad de adquirir, difundir y asimilar, de forma rápida y sistemática, estrategias que permiten la adaptación de forma más fácil. Una sociedad del conocimiento, por tanto, verdaderamente humanizada a la altura del siglo XXI, supondría una fácil y rápida diseminación de los medios para mejor hacer frente a los conflictos ambientales generados por la propia civilización. Lo que se requiere es un enfoque multidisciplinario, que se acompañe de una capacidad de evaluación y predicción, asentados en la razón teórica… y también de la razón practica, las que deben estar guiadas por la justicia para alcanzar una justa redistribución de los bienes de la tierra". Quien así se expresa es el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de las Academias pontificias, con quien no podemos sino coincidir, recordando como él que, según Tomás de Aquino: "en casos de necesidad todas las cosas son propiedad común" y ello se hace aun más evidente en el caso del conocimiento resultante de tantas generaciones, a partir del momento en que los homínidos encontraran en la cultura el camino que nos hace humanos. En un sustanciado informe acerca del futuro de la sostenibilidad (de las sociedades humanas y su relación el ambiente) difundido a escala internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el académico británico W. M. Adams subraya que "la sostenibilidad debe convertirse en la base de un nuevo entendimiento de la aspiraciones y logros humanos", así como que un elemento clave en esto es el vínculo entre el bienestar y la seguridad" . Ahora bien el propio autor nos recuerda que: "... de hecho, la seguridad entre las personas depende fundamentalmente de los problemas de equidad, dentro de y entre las generaciones" y que "tanto la seguridad como el bienestar están enraizados en los problemas de justicia a escala global". Poco más adelante, afirma que la justicia tiene suma importancia para el futuro del planeta: equidad en el disfrute de los beneficios del uso de los recursos de la Tierra entre y dentro de las generaciones" Sabemos no obstante que, al menos por ahora, ese no es el panorama. Por el contrario, de continuar "como hasta ahora" el crecimiento económico de las sociedades opulentas, y la hegemonización cultural para imponer un modelo único, se arriesga la supervivencia misma de la especie. ¿O quién sabe si no? Recuerdo la ocasión en la que, al final de una conferencia pronunciada en la sede de nuestra Academia de Ciencias, preguntaron acerca del tema al ya fallecido y notable antropólogo Thor Heyerdall. A la interrogante acerca de si, en su opinión, corría realmente peligro de desaparecer nuestra especie contestó, con una sonrisa no exenta de cierta sorna: "bueno, realmente no; lo que es casi seguro es que puede desaparecer la civilización, tal y como la conocemos hasta hoy". Para María T. Pozzoli, la actual sociedad "globalizada" requiere en realidad de una del conocimiento, que modifique, entre otras cosas, el modelo de poder que internalizan los sujetos y que constituyen su subjetividad. Valores y comportamientos esenciales del modelo, como la competitividad, la motivación de lucro, el consumo, la posesión, la acumulación, en fin, el individualismo, deben dar paso a valores humanísticos como la cooperación, la solidaridad, e incluso algunos otros de larga data como la compasión, la alegría, la bondad la benevolencia y la amabilidad. Al decir de otro contemporáneo, Raúl Motta, se requiere una educación basada en un modelo reflexivo, que active una visión ética en la toma de decisiones. Conocer, comprender la sociedad y transformarla es, a todas luces, no una mera utopía, proclamada en su época por Carlos Marx, sino una apremiante necesidad de la especie humana, si es que realmente aspiramos a mantener el significado del término "civilización", sin abandonar la especie al azar de la mera selección natural. |
notas varias
Garza, exigió que el proceso penal se inicie en contra de Fernández porque las irregularidades cometidas por el también fundador de los Amigos de Fox, apenas empieza a conocerse. "Esto es apenas una parte de lo que hizo este señor, falta conocer todas las cosas discrecionales que hizo, todo eso son delitos, y por supuesto se tiene que consignar", aseguró. REFORMA publicó hoy que las irregularidades del ex responsable del Seguro Popular Juan Antonio Fernández tienen frenada la operación de la Credencial Familiar y los beneficios anunciados para más de 5 millones de familias.
EL PAN HABÍA APOYADO UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA
DE FERNÁNDEZ… ¿MANTIENE LA POSICIÓN AHORA?
El 24 mayo pasado, REFORMA publicó que el PAN no objetó la investigación que la Secretaría de la Función Pública sigue en contra de Juan Antonio Fernández por presuntas irregularidades cuando era titular del Seguro Popular. El secretario general de este partido, José Espina, aseguró que al PAN no le afecta de ningún modo las pesquisas a quien fuera uno de los creadores de los "Amigos de Fox", porque ni siquiera es uno de sus militantes. "De ninguna manera (le afecta al partido) porque el señor ni miembro del partido es, así es que como servidor público que fue tiene que ser supervisado, no tenemos ningún problema", dijo entonces. No se sabe si ahora el PAN mantiene esa misma postora
MILLONES AFECTADOS POR CULPA DEL "AMIGO" MAYOR
REFORMA publicó este viernes que los usuarios del Seguro Popular no sienten el alivio prometido por el gobierno de Vicente Fox. La certeza de tener su Credencial Familiar, que les permitiría tener almacenado su expediente clínico y contar con recetas electrónicas para surtirse de medicamentos en todas las farmacias, no sólo en las del sector público, está lejos de cumplirse. Las irregularidades del ex responsable del Seguro Popular Juan Antonio Fernández tienen frenada la operación de la Credencial Familiar y los beneficios anunciados para más de 5 millones de familias. "La Credencial se encuentra sin uso y sin que se proporcionen los servicios esperados, resultando improductiva dicha contratación, al no ser de utilidad para la población beneficiaria", establece la Secretaría de la Función Pública en el expediente que inhabilitó a Fernández por 10 años en el servicio público. "Se ha ocasionado con su conducta un daño al erario federal por la cantidad de $368,460, 000.00 que
se integra por el monto pagado por el servicio de credencialización, que a la fecha está sin operación".
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Demanda González Schmal a Marta Sahagún
TRANSICIÓN 2006 | Cumplí: Fox" href=" http://www.unafuente.com/28-11-2006/1-de-diciembre-cumpli-fox/" rel=bookmark>TRANSICIÓN 2006 | Cumplí: Fox
PORTADAS | "Cínica", la posición de EU ante narco: PGR | Inhabilita fraude al Seguro Popular | Tienen diputados mil 500 aviadores | Aparece agenda con clientes de Carlos Ahumada | Planean gravar depósitos bancarios" href=" http://www.unafuente.com/15-06-2007/portadas-cinica-la-posicion-de-eu-ante-narco-pgr-inhabilita-fraude-al-seguro-popular-tienen-diputados-mil-500-aviadores-aparece-agenda-con-clientes-de-carlos-ahumada-planean-gravar-depositos-bancarios/ " rel=bookmark>PORTADAS | "Cínica", la posición de EU ante narco: PGR | Inhabilita fraude al Seguro Popular | Tienen diputados mil 500 aviadores | Aparece agenda con clientes de Carlos Ahumada | Planean gravar depósitos bancarios
http://www.laquintacolumna.com.mx/2007/junio/columnistas/colu_oficiodepapel_100607.html Oficio de papel
Miguel Badillo
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Inhabilitan 10 años a Juan Antonio Fernández
Abuso y desvío de recursos del Seguro Popular
Obligan a SFP a sancionar al ex amigo de Fox
Si es despreciable que un servidor público se enriquezca con el presupuesto que se le asigna para cumplir con el trabajo por el cual recibe un salario, mucho más grave es que desvíe el dinero destinado a la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Este es el caso de Juan Antonio Fernández Ortiz, quien al frente del programa estrella del gobierno de Vicente Fox, denominado Seguro Popular, se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, con lo cual cometió el delito de abuso de poder, según determinó la Secretaría de la Función Pública.
Al mando del joven panista Germán Martínez, esa secretaría responsable de prevenir, vigilar y controlar el uso eficiente del gasto público, determinó que el actuario Fernández Ortiz, pieza clave en la campaña presidencial que llevó a Vicente Fox a Los Pinos a través de la asociación Amigos de Fox, cometió irregularidades administrativas en el proceso de credencialización de la población más pobre del país, que tuvo un costo de 368 millones de pesos, y desvío recursos en beneficio propio y para las empresas Grupo Inbursa e Image Technology.
Ante ese abuso de poder, la Función Pública resolvió el 31 de mayo de 2006 inhabilitar por 10 años a Fernández Ortiz para ejercer cualquier cargo en la administración pública federal y una multa por 454 mil 528 pesos por los recursos desviados; sin embargo se trata sólo de sanciones administrativas, por lo que habrá de esperar las sanciones penales que el caso amerita, pues el abuso cometido por el desvío de recursos está más que probado y no puede quedarse sólo en una simple inhabilitación que al final de 10 años le permitiría volver a robar dinero a los mexicanos.
El seguimiento que la reportera Erika Ramírez ha hecho del caso impidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera carpetazo y, una vez más, quedara en la impunidad la denuncia que se había hecho en contra del titular del Seguro Popular.
Como ha sido costumbre desde que fue creada, la SFP sólo ha servido en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón como tapadera de las corruptelas de la burocracia, es un ente que oculta, archiva y guarda expedientes sin sancionar a los responsables, y sólo cuando se trata de algún ajuste político es utilizada esa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como un instrumento de venganza y ajuste de cuentas, al más puro estilo de la mafia.
Según el expediente 15/2007-BIS de la SFP, el mal uso de los más de 300 millones de pesos fue para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes cuyo contrato fue asignado en medio de múltiples irregularidades a la empresa Image Technology. Pero éste no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que Felipe Calderón ha anunciado que continuará con dicho programa.
De acuerdo con el trabajo periodístico de Erika Ramírez, previo a la licitación pública 1216100-004-05 el ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.
En el "resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización", el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa -filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim-, "quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales".
Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la "preimpresión" de tarjeta inteligente y así "alcanzar las metas del programa de credencializació n del Seguro Popular".
Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.
Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.
Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.
Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.
Historia del fraude llamado Seguro Popular
Desde febrero de 2006 se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente "Tu Salud" (revista Contralínea 50).
Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó, en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes.
Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.
Sin embargo, esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de "interés jurídico" y concluyeron que la inconformidad era "infundada" en diciembre de 2005.
Pero las investigaciones de la revista Contralínea motivaron que se reabriera el expediente en Función Pública ante las nuevas evidencias de la corrupción en la administración del Seguro Popular, pero dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1de diciembre de 2005.
El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área, y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que revela las componendas y las ventajas para esa empresa le dispensó al equipo de funcionarios corruptos.
Fuentes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para "formalizar" las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.
Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP se vieron obligados a reabrir los expedientes del Seguro Popular para evitar que fueran acusados de negligencia y omisión por negarse a investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.
A través del acuerdo 12/1.0.3.2.1, el OIC de la Secretaría Salud inició la auditoría 15/06 CNPSS al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.
El documento, fechado el 27 de junio del 2006, señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.
Según la convocatoria 12161001-004-05, Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que el costo real de la producción de dichas tarjetas es de apenas 20 pesos por cada una y no de más de 80 pesos, lo que de ser cierto significaría un sobreprecio de más de 300 por ciento.
Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, detalla que se erogaron 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.
Otro de los funcionarios que eran investigados por la SFP, entonces encabezada por Eduardo Romero Ramos, es el director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Loyola -colaborador y amigo de Fernández Ortiz desde que ambos laboraron en Secretaría de Agricultura- por supuesto lavado de dinero.
Funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organización que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.
Denuncia Asa Cristina Laurell fraude al Seguro Popular por 368 mdp
de la redacción
México, D.F., 22 de mayo (apro-cimac).- La secretaria de Salud del "gobierno legítimo", Asa Cristina Laurell, presentó ayer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por probable daño patrimonial, derivado de la adquisición de 3.7 millones de credenciales denominadas "Tu salud" ", adquiridas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a finales de 2005.
Dicha adquisición pudo significar el mal manejo de recursos públicos destinados al Sistema de Protección Social en Salud --conocido como Seguro Popular-- y el probable daño patrimonial a la hacienda pública federal, por la cantidad de 368 millones 460 mil pesos, incluido el IVA, informó Laurell en un boletín.
Así mismo, evidenciaría la falta de transparencia en la licitación pública nacional 12161001-004-05 para la contratación del servicio de credencialización; y la falta de planeación en el ejercicio presupuestal de los recursos destinados a ésta, además de otras irregularidades que pudieran derivarse de los hechos descritos.
Por la importancia del caso, dice el comunicado, un grupo de ciudadanos ha solicitado documentación sobre el referido proceso de licitación en la oficina de Información Pública de dicha comisión nacional, "pero se han enfrentado a una táctica dilatoria de estas autoridades federales, quienes utilizando la figura de prórroga, niegan en los hechos la entrega de la información solicitada".
La denuncia involucra a los servidores públicos que a la fecha de los hechos desempeñaban diversos cargos en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y que hayan intervenido de cualquier forma en el proceso administrativo de adjudicación y contratación del servicio de credencialización, además de otros que resulten responsables por los actos denunciados.
La credencial
La operación de las credenciales inició con el propósito de contratar un sofisticado servicio de credencializació n que permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios de salud, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, como se especificó el 10 de noviembre de 2005, en la convocatoria 004 para la licitación 12161001-004-05, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La licitación invitaba a participar a personas físicas o morales cuya actividad u objeto social fuera, entre otros, "la integración de sistemas o el desarrollo de software, la emisión de credenciales o el procesamiento electrónico de datos", a fin de contratar "servicios para el programa de implementación para el uso de tarjetas inteligentes en el sector salud en el ámbito de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (servicios de la infraestructura para la operación, emisión y distribución de 3 millones 700 mil credenciales y soporte en la operación)", recordó.
Opacidad
Asa Cristina Laurell resaltó que hubo procedimientos poco transparentes en la licitación. Por ejemplo, para una licitación tan compleja y tan cuantiosa se contrató como servicio de impresión de documentos oficiales, sin que mediara justificación normativa alguna. El proceso de licitación se llevó a cabo bajo la modalidad de 'tiempos recortados', por lo que en el desarrollo del proceso se observan incongruencias en los plazos, lo cual limitó la participación de diversas empresas interesadas.
Finalmente, la beneficiaria de la licitación fue la empresa Image Technology, México SA, con participación conjunta de Esiglo SA, según el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 de fecha 15 de diciembre de 2005; la adjudicación se realizó el 6 de diciembre de ese mismo año y se estableció como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2006.
Si la licitación estuvo llena de opacidad, en sus resultados se observa un conjunto de irregularidades, afirmó Laurel, entre ellas:
La credencial "Tu salud" se hizo sin cumplir a cabalidad con la normatividad establecida, toda vez que se diseñó sin considerar la fotografía y huellas dactilares de los beneficiarios, pues los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) no fueron instalados a efecto de que en ellos se tomaran la fotografía, firma y huellas dactilares de los beneficiarios, como se constata en las credenciales remitidas a los beneficiarios.
La emisión de la credencial "Tu salud" permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios del sector, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, en las entidades federativas no fue instalada la infraestructura necesaria para su operación.
Así mismo, la credencial "Tu salud" contaría con un chip con la información de los beneficiarios y su familia, a través del cual se ingresaría posteriormente información complementaria relacionada con su expediente clínico. A la fecha de terminación del contrato, no existía evidencia del cumplimiento de estos requisitos, ya que en las entidades federativas no fue instalada en tiempo y forma la infraestructura necesaria para su operación; por lo tanto, no se pudo constatar que el chip contuviera la información básica para concretar el objetivo para el cual fue diseñado.
La credencial "Tu salud" sería la base para el modelo de suministro de medicamentos para los beneficiarios del Seguro Popular, ya que la información contenida en el chip y los servicios complementarios permitirían ser utilizados como "tarjetas inteligentes", tal como se estableció desde la licitación; sin embargo, este objetivo tampoco se cumplió, ya que al 31 de diciembre de 2006 en ninguna entidad federativa se puso en marcha el modelo de suministro de medicamentos, como estaba previsto.
Las bases de la licitación preveían que el proveedor otorgaría capacitación al personal de salud y apoyaría el desarrollo de la plataforma tecnológica para el desarrollo del modelo en su conjunto, lo que a la fecha de terminación del contrato tampoco se llevó a cabo.
Como una irregularidad adicional, en el folleto con el que se hace entrega de la credencial "Tu salud", se afirma que la credencial es portable y que con ella las familias inscritas al Seguro Popular podrían ser atendidas en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, además de que con ella retirarían los medicamentos de la Red de Farmacias del Seguro Popular (sic).
Esta propaganda, dice el boletín, engaña una vez más a los ciudadanos, ya que para que esto sea un hecho, previamente se deben firmar convenios de colaboración, interestatales e interinstitucionales, y a la fecha de la emisión de las credenciales no existía ningún convenio de este tipo en el país.
La otra credencial
Las irregularidades en el programa de credencialización "Tu salud" se evidenciaron todavía más, continúa el comunicado, por el hecho de que el 16 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del Programa de Simplificación de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Seguro Popular", por el cual se establece la expedición y entrega de ¡otra credencial!, ahora denominada "Tarjeta universal de salud", que tendría los mismos propósitos que se habían establecido para la credencial "Tu salud", pero con la diferencia de que la anterior era familiar, y la nueva, individual.
Dicho acuerdo —puntualizó Laurell— reconoce de facto que las credenciales adquiridas en diciembre de 2005 tendrían que ser reemplazadas, por lo que se confirma que al sustituirse la credencial "Tu salud" por la "Tarjeta universal de salud" hubo una deficiente planeación que conllevó a una erogación innecesaria de recursos públicos, concluye el boletín.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=50901&nsec=Nacional
Será denunciado por la Comisión de Vigilancia de San Lázaro
Muñoz Leos puede ir a la cárcel
ROBERTO GARDUÑO
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados anunció que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos será denunciado penalmente por el desvío de mil 400 millones de pesos.
Además, el órgano legislativo, a través del presidente de la citada comisión, Antonio Ortega, demandará una auditoría integral a la política de comunicación social de la Presidencia de la República y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), porque en 2006 ambas instancias utilizaron de manera desordenada el presupuesto para beneficiar la imagen de Vicente Fox y Marta Sahagún, y la de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).
Al dar a conocer el reglamento interior y manual de organización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Ortega refirió que aparte de la malversación de fondos por la que se señala a Muñoz Leos, existe una denuncia contra Juan Antonio Fernández (creador de los Amigos de Fox), quien a su paso por el Seguro Popular durante el pasado sexenio provocó un daño al patrimonio público de entre 50 y 60 millones de pesos.
''En el caso de estos ex funcionarios ya existe una propuesta del gobierno federal para resarcir el daño. En lo que toca a Muñoz Leos, la auditoría sugirió a la Secretaría de la Función Pública un procedimiento resarcitorio de mil 400 millones de pesos, por uso indebido de un recurso en acuerdo con el sindicato. El ex funcionario está en la fase de dar una explicación, pero yo podría adelantar que no hay manera de que satisfaga y se iniciarán los procedimientos penales.''
-¿A la cárcel?
-¡A la cárcel!
Al preguntarle si se detectaron irregularidades en la biblioteca Vasconcelos, en el programa estrella de Vicente Fox y Marta Sahagún, Enciclomedia, y en el Seguro Popular, el perredista pidió tiempo para que la auditoría entregue a la Cámara de Diputados el pliego de fincamiento de responsabilidades a entidades y funcionarios, y a partir de ahí se conocerán los nombres de las personas a las que se inicien éstas.
Refirió que uno de los entes que habrán de revisarse con atingencia es el área de comunicación social de la Presidencia, porque ''hay una percepción social de que se hizo un uso exagerado de recursos para construir una imagen del presidente, de su esposa y de su demás familia.
''Tenemos evidencia de que se rebasó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y nos parece que en la campaña electoral federal la intervención del mandatario fue no sólo desproporcionada, sino además ilegal. Vale la pena que la opinión pública y el pueblo de México sepan cuánto gastó Vicente Fox en la construcción de su propia imagen.''
Con cinco cuentas públicas analizadas al gobierno de Vicente Fox Quesada, se le pidió una evaluación general al diputado Ortega Martínez sobre los resultados de ese sexenio. ''El juicio histórico ya lo hizo el pueblo de México. En cuestión de aplicación de recursos tuvimos un presidente locuaz, ocurrente, un presidente sin visión de Estado. Yo no tengo ninguna duda de que hubo un desperdicio de recursos; por enésima vez lo repito: en seis años se duplicó el presupuesto''.
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/15/index.php?section=politica&article=006n3pol
Amigos de Fox: Fructífera cosecha
verónica espinosa León, Gto., 4 de junio (apro).- Empresarios leoneses obtienen su propia cosecha de las relaciones que durante la gubernatura y el sexenio presidencial cultivaron con Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta, principalmente Manuel Bribiesca, así como de la cercanía con el actual gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, a quien apoyaron en su campaña.
En medio de varias acusaciones por despojo que lo llevaron, incluso, a pisar la cárcel a principios del año pasado, el constructor y empresario inmobiliario Oscar Flores Pérez, a través de uno de sus negocios, Grupo Floper, ha adquirido miles de hectáreas en la populosa zona de Las Joyas y en varios ejidos del rumbo, justo donde ya comenzó a trabajarse en la traza preliminar del proyecto Río Verde o El Zapotillo, una obra federal comprometida por Vicente Fox para garantizar el abasto de agua para los leoneses.
La adquisición parecería casual si Flores Pérez –expresidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, (Canadevi)-- no se hubiera asociado se haya asociado, cinco años atrás, con personajes también cercanos al expresidente y conocedores del proyecto de Río Verde, como Arturo Sojo Garza Aldape, hermano del secretario de Economía, uno de los promotores de éste y otros planes que se elaboraron desde que Fox fue gobernador de Guanajuato y Eduardo Sojo su coordinador de proyectos estratégicos.
En el grupo de socios se incluye al expresidente de la Concanaco, Hugo Villalobos González, quien en la segunda mitad del sexenio foxista fungió como intermediario –en apoyo de Los Pinos y del gobierno de Guanajuato-- en las negociaciones para destrabar y formalizar con el gobierno jalisciense los acuerdos para arrancar las obras de El Zapotillo.
Hugo Villalobos fue ampliamente reconocido por el propio Fox, el exgobernador guanajuatense Juan Carlos Romero y su sucesor Juan Manuel Oliva por sus gestiones "como ciudadano" –pero ampliamente respaldado por ambas instancias-- en diversos eventos oficiales relacionados con la presentación del proyecto y firma de acuerdos para comenzar las obras de El Zapotillo, antes de concluir el sexenio foxista.
Desde septiembre del 2002, Hugo Villalobos se unió a Oscar Flores y Arturo Sojo en una sociedad financiera de objeto limitado (Sofol), denominada "Sociedad Corporativa H.P., S.A. de C.V.", junto con otros prominentes empresarios leoneses como Luis Rodrigo González Fuentes, David González Flores, Héctor Rodríguez Aparicio, y el editor y actual presidente de la Canacintra local, Adolfo Rezza San Martín.
De acuerdo con el acta constitutiva obtenida del Registro Público de la Propiedad (copia de la escritura 17,691) la Sociedad Corporativa H.P. se conformó con un capital inicial de 255 mil pesos, de los cuales poco más de 130 mil fueron aportados por Oscar Flores y Adolfo Rezza, mientras que el resto, por los otros diez socios. El consejo de administración quedó encabezado por el propio Flores Pérez como presidente; Rezza San Martín como vicepresidente y Hugo Villalobos como tesorero. Los tres, junto con el director general Eduardo José Arroyo, recibieron poder general judicial con amplias facultades.
En junio del 2004 la Sofol recibió la autorización de la Secretaría de Hacienda para operar, con el nombre de Corporación Hipotecaria, que para entonces ya había aumentado su capital de 255 mil a 32 millones y medio de pesos. En noviembre del 2005, se celebró la asamblea extraordinaria en la que los socios acordaron otro incremento de 4 millones y medio de pesos más, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad consultados por Apro.
Corporación Hipotecaria se dedica a otorgar créditos para la adquisición de vivienda nueva o usada, así como a obtener créditos para la construcción de vivienda para personas físicas o morales.
A nombre de esta Sofol aparecen obras de vivienda en Morelos (condominio Rancho Las Palmas) y en Campeche (Quinta Los Españoles).
Sin embargo, a través de Grupo Floper, la constructora que dirige Oscar Flores, se adquirieron miles de hectáreas entre la zona de Las Joyas y la autopista León-Lagos-Aguascalientes, las cuales --ahora se sabe-- quedan comprendidas en la infraestructura que desde la presa El Zapotillo, en Jalisco, conducirá el agua hasta León.
El Zapotillo involucra una inversión superior a los 7 mil millones de pesos, recursos que, según se informó a principios de noviembre en la firma de los acuerdos, quedaron depositados en un fideicomiso manejado por Banobras. Se trata de una obra hidráulica que almacenará 411 millones de metros cúbicos; la cortina se elevará a 80 metros de altura, y canalizará 5.6 metros cúbicos de agua por segundo.
En un recorrido efectuado por los terrenos adquiridos por Grupo Floper, en ejidos como Corral de Piedra, La Barranca y Barranca del Venadero, ejidatarios y vecinos de las comunidades –como el delegado Gabino Becerra-- atestiguaron que personal técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene algunos meses acudiendo a esta zona a marcar el trazo de la conducción del agua de El Zapotillo a León, lo cual puede comprobarse también con las placas que ya están colocadas a lo largo del camino entre estos ejidos.
Certificados parcelarios entregados en el 2004 por Vicente Fox a ejidatarias de Corral de Piedra, de forma inusitada definen desde entonces las colindancias de ejidatarios con la inmobiliaria y constructora Floper.
Aviones, estadios y campañas
En la prensa local, Oscar Flores Pérez y Adolfo Rezza Sanmartín han sido señalados por su relación con el hijo mayor de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca.
Al menos en el caso de Flores Pérez hay hechos que fundamentan esta versión. Fue en el hangar de su propiedad, ubicado en el Aeropuerto Internacional del Bajío, donde permaneció guardado por varias semanas el avión Jet Lear de Manuel Bribiesca, y donde se le tomó la fotografía que publicaron el diario A.M. de León y la revista Proceso, al confirmar que era utilizado por el hijo mayor de Marta Sahagún para sus múltiples viajes.
Tras el encarcelamiento de Carlos Ahumada, propietario del club de futbol León, y de la intervención de la Secretaría de Hacienda, Rezza se hizo cargo durante algunos meses de la administración y manejo del equipo y promovió negociaciones con empresarios locales para la adquisición del mismo, entre los que también se mencionó a Manuel Bribiesca, cuyo nombre, incluso, apareció entre las firmas de apoyo al equipo en desplegados periodísticos.
En varias ocasiones Carlos Ahumada y sus conocidos en León –entre ellos Bribiesca-- arribaron en el helicóptero del empresario constructor a los terrenos aledaños a Las Joyas, donde en algún momento se habló de la posibilidad de construir un nuevo estadio para el equipo de fútbol León, según versiones de empresarios que estuvieron interesados en adquirir la franquicia luego de que el empresario argentino fue encarcelado.
Posteriormente, en el proceso electoral del 2006, Oscar Flores y Adolfo Rezza aparecieron y coordinaron contactos empresariales y recaudaciones de campaña en este sector para Juan Manuel Oliva.
Sin embargo, el Comité Estatal del PAN y los coordinadores de campaña del equipo del ahora gobernador debieron asumir el manejo financiero y de recaudación para la campaña, ante inconformidades que surgieron al interior del partido y entre otros representantes del sector empresarial.
Historia de denuncias
Lo cierto es que desde hace por lo menos una década, Oscar Flores, y sus empresas, ha sido denunciado infructuosamente por la adquisición de predios mediante documentos apócrifos o engaños a los propietarios, y hasta por el desvío del cauce de un arroyo federal para aprovechar una mayor extensión de terreno para, de forma indebida, construir viviendas en las laderas de dicho cauce, en la actual colonia Kennedy.
En varios escritos firmados por el abogado Guillermo Romo Méndez, y dirigidos al exalcalde Ricardo Alanís, se exponen varios hechos, como el que señala que mediante escrituras públicas se protocolizaron juicios de información ad perpetuam, las cuales Flores Pérez permutó luego con el municipio.
Por ejemplo, la escritura número 35,872 del 26 de febrero de 1999, y la número 38,572, del 23 de abril del 2001, ambas ante la notaría de Francisco Fernández Regalado, aunque aparentemente se refieren a predios distintos, en realidad corresponden a un mismo procedimiento de información ad perpetuam; es decir, a un mismo caso: el expediente 385/97-C del Juzgado Tercero de lo Civil.
Con estas escrituras se procedió a fusionar varios predios, previa permuta hecha por bienes del patrimonio municipal autorizado por el ayuntamiento en febrero del 2003. "Mediante engaños y de forma dolosa a través de escrituras apócrifas (Oscar Flores) obtuvo un beneficio económico en detrimento de los bienes municipales… a través de dichas documentales, mismas que por razones extrañas no fueron o no quisieron ser analizadas, este sujeto obtuvo el pago de afectaciones que legalmente no le correspondían".
El abogado Romo Méndez presentó al exalcalde de León Ricardo Alanís Posada evidencias de los abusos cometidos por Oscar Flores y su empresa Flopper en perjuicio del patrimonio y del erario municipal.
Alanís Posada rechazó atender el caso y proceder jurídicamente, en virtud de que su hijo Ricardo Alanís Rosales, en su calidad de regidor, intervino en algunos de los dictámenes para permutar los predios municipales con Flores.
Consultado sobre estas denuncias, el abogado Romo Méndez –representante del señor Sabás Guardado, quien fue engañado por Oscar Flores y despojado de una propiedad-- recordó cómo durante la campaña del 2006, Juan Manuel Oliva Ramírez no sólo fue respaldado amplia y públicamente por Flores Pérez y Adolfo Rezza, sino que aquél, en su calidad de presidente de la Canadevi, le organizó varias reuniones con constructores, en las que ya lo calificaban como virtual gobernador, y de paso le pedía convertir al gobierno en un "facilitador" de la construcción de viviendas. Recientemente, el abogado llevó el caso ante el gobernador, y aún espera una respuesta.
Otro abogado, Carlos Torres –quien también conoce los expedientes de diversas denuncias contra Flores-- asegura que todo esto es del conocimiento del gobernador Oliva, "pero el constructor ha actuado impunemente porque es protegido por él".
Unos meses después, ya con Oliva Ramírez en el gobierno, lo primero que se instrumentó a través del Instituto de Vivienda del estado (IVEG) fue un encuentro con los socios de la Canadevi encabezados por Oscar Flores, para "trabajar juntos" en la entrega de reservas territoriales a constructores para edificar viviendas para personas de bajos recursos, principalmente.
La empresa de Flores resultó favorecida por el IVEG en la construcción del desarrollo habitacional "Cañada del Real", en la zona de Las Joyas, donde levantará 1,600 departamentos en 83 edificios de cinco pisos en 18 hectáreas, que también prevén contar con canchas, centro comercial, áreas verdes y escuelas. La inversión fue calculada en cerca de 300 millones de pesos. El terreno lo puso el Instituto de Vivienda.
Oscar Flores no perdió el tiempo. En noviembre pasado, en su calidad de presidente de la Canadevi, le entregó a Vicente Fox un reconocimiento "por su exitosa política de vivienda".
Mientras el abogado Guillermo Romo espera todavía que Oliva lo reciba en el Palacio de Gobierno.
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