Desde el extranjero sobre Oaxaca

Primer aniversario de la sangrienta represión en
Oaxaca

Marjorie Cohn
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Una leyenda azteca nos habla de un guerrero que estaba
enamorado de una princesa. Cuando partió a la guerra,
los amantes se prometieron amor eterno. El guerrero
murió en la batalla, pero para cumplir su promesa a la
princesa, volvió como una brillante flor roja
anaranjada. Esa flor ahora adorna los flamboyanes
(malinches) en toda Latinoamérica. Otra leyenda sobre
los flamboyanes, habla de la lucha del pueblo
puertorriqueño contra la dominación colonial.

El domingo 10 de junio de 2007, bajo un flamboyán, la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) realizó
una conferencia de prensa para anunciar la liberación
de uno de los dirigentes de la lucha popular de un año
de duración por la justicia social y económica en
Oaxaca. Marcelino Coache Verano, secretario general
del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Oaxaca
y consejero de la APPO, había sido arrestado,
brutalmente golpeado, y mantenido en prisión durante
seis meses antes de ser liberado el 31 de mayo, ante
la falta de elementos para mantener los delitos
fabricados por el Estado.

La conferencia de prensa inició una semana de acciones
para conmemorar el brutal ataque del 14 de junio de
2006, de 1.000 policías armados contra gente que
manifestaba pacíficamente en apoyo a las demandas de
unos 70.000 maestros por mejores salarios, la mejora
de los edificios escolares, y mejores recursos para
los niños. Un maestro gana típicamente el equivalente
de 220 dólares cada dos semanas, y tiene que comprar
los suministros escolares. Aunque la constitución
mexicana garantiza la educación libre, las madres
tienen que pagar por la matrícula.

El gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, envió a
la policía estatal, acompañada por perros, que atacó
brutalmente a los maestros y partidarios dormidos.
Atacó con gases lacrimógenos a todos los que se
encontraran cerca, incluyendo a mujeres embarazadas y
niños; una mujer abortó como resultado. Noventa y dos
personas fueron heridas. Miembros de la comunidad
reaccionaron indignados, defendiéndose con lo que
podían encontrar. Persiguieron a la policía fuera de
la plaza y restablecieron el campo.

El 17 de junio, varios cientos de organizaciones
locales se reunieron para formar la APPO, que incluye
a 350 diferentes organizaciones civiles que trabajan
en áreas de temas indígenas, desarrollo comunitario
sostenible, derechos humanos, y justicia social. La
APPO exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Mientras tanto, el movimiento continuó su crecimiento,
con manifestaciones grandes pero pacíficas. El 1 de
agosto, marcharon cientos de mujeres, y cuando la
estación de radio del gobierno les negó tiempo en las
ondas, ocuparon la radio y ellas mismas transmitieron
su opinión.

Durante todo este período, continuaron las incursiones
policiales, las golpizas y los tiroteos. El 28 de
octubre, mataron a cuatro personas, incluyendo al
periodista de Indymedia y ciudadano estadounidense
Brad Will y a un maestro mexicano, Emilio Alonso
Fabián.

El gobierno mexicano envió a la Policía Federal
Preventiva. El 25 de noviembre, apareció con todo su
equipo contra disturbios y rodeó toda el área,
disparando gas lacrimógeno. Mientras la gente huía,
muchos fueron arrestados y golpeados. Entre los
prisioneros, algunos estaban esa mañana simplemente en
camino al trabajo o en la plaza del mercado. Ciento
setenta personas fueron arrestadas ese día, y la
mayoría fue llevada a la lejana prisión de Nayarit.
Treinta y cuatro eran mujeres, y cinco eran menores.

En diversas ocasiones durante el período de siete
meses, maestros, trabajadores, profesores y artistas,
muchos de ellos indígenas, ocuparon la plaza principal
de Oaxaca. Aunque el movimiento cristalizó para apoyar
a los maestros en huelga, la frustración de la gente
fue la consecuencia de profundos problemas económicos
y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que
empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los
trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las
políticas neoliberales del gobierno de Bush. La
mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su
mayor parte vive en extrema pobreza.

La semana pasada participé de una delegación de
derechos humanos de abogados del Sindicato Nacional de
Abogados, de la Asociación Internacional de Abogados
Democráticos, y de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos en México para investigar presuntas
violaciones del derecho internacional por la policía
contra la gente de Oaxaca durante el año pasado. Nos
reunimos con abogados, trabajadores y prisioneros.

Coache Verano relató cómo él y otros tres activistas
habían sido arrestados en la Ciudad de México, cuando
iban en camino a reunirse con funcionarios del
gobierno para negociar un fin de la disputa. Los
desnudaron, golpearon y guardas caminaron sobre sus
espaldas. A Coache Verano le quebraron un dedo. Otro
de los detenidos fue liberado junto con Coache Verano.
Los otros dos, incluyendo al dirigente de la APPO,
Flavio Sosa Villavicencio, siguen presos. La mujer de
Coache Verano y sus jóvenes hijos nos contaron cómo
fueron aterrorizados durante meses con amenazas de
muerte y disparos contra su hogar.

Los dos prisioneros fueron interrogados en la prisión
Tlacolula, a unos 30 kilómetros fuera de Oaxaca, y
también describieron cómo fueron golpeados por la
policía. Flabiano Juárez Hernández no formaba parte de
la manifestación. Estaba trabajando en el mercado
cercano de la plaza cuando fue arrestado el 20 de
noviembre y acusado de robo de autos, un crimen
considerado tan serio, que no hay posibilidad de
fianza. Los golpes contra su cabeza requirieron varios
puntos y dejaron una cicatriz. Juárez Hernández es
indígena y no habla español fluido; sin embargo
rechazó los servicios de un intérprete.

Wilbert Ramón Aquino Aragón es un trabajador que
participó en las manifestaciones del 20 y el 25 de
noviembre. El 10 de enero, fue arrestado por intento
de asesinato de un chofer de taxi que jamás había
visto. Le dijeron que lo liberarían si identificaba a
personas en las fotografías de la policía. Ya que se
negó, sigue detenido en Tlacolula. La policía golpeó
tan severamente a Aquino Aragón que deberá ser operado
la próxima semana. Su cabeza tiene cicatrices de los
golpes recibidos de la policía.

Pedro Garibo Pérez, de veinte años, no participó en la
manifestación. Pero el 20 de noviembre, fue arrestado
y lo mantuvieron boca abajo durante seis horas con su
pierna sobre un silenciador caliente. La quemadura de
20 cm. sobre su pierna no fue cuidada durante más de
dos meses y medio. Cuando finalmente los abogados
pudieron visitarle, vieron grandes áreas de carne
expuesta en su pierna. Como resultado de sus demandas,
recibió finalmente atención médica. Garibo Pérez pasó
110 días en el hospital, le diagnosticaron un hematoma
y recibió un implante de piel.

Una viuda de 50 años llamada Aurelia estaba trabajando
como criada dentro de una casa el 25 de noviembre, y
no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Acababa de
dejar su trabajo cuando la arrestaron a media cuadra
de distancia. Iba caminando por la calle y vio a gente
corriendo por doquier. La policía comenzó a disparar
gas lacrimógeno a todos. Dijo: "Sentí que me asfixiaba
y los ojos se me llenaron de lágrimas. No podía
moverme. Estaba tan asustada."

La policía agarró a Aurelia por los cabellos, la
insultaron y la patearon. La obligaron, junto con
varias otras mujeres, a arrodillarse durante dos horas
sobre los adoquines. Luego las tiraron en un solo
montón sobre un camión, "como animales, con manos y
pies atados." Muchas gritaban que no podían sentir sus
piernas. Los policías respondían: "¡Igual pueden
morirse viejas brujas!"

Aurelia tuvo que dormir sobre un bloque de hormigón en
una pieza fría, sin frazada. "Más tarde esa noche,"
dijo Aurelia, "se podía escuchar a los hombres
gritando cerca. Pensé en miembros de mi familia que
estaban allí gritando, golpeados." Muchas de las
mujeres fueron golpeadas; algunas sufrieron heridas en
la cabeza.

Las llevaron en avión a Nayarit y las retuvieron allí
durante 21 días. Durante ese tiempo, las mujeres no
supieron nada de los hombres o del resto de sus
familias.

El tratamiento al que fue sometida a esa gente viola
la Convención contra la tortura y otro tratamiento o
castigo cruel, inhumano o degradante, lo que explico
en mi libro: "Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang
Has Defied the Law" [República de vaqueros: seis
maneras como la pandilla de Bush ha desafiado la ley.]
Tres de las técnicas utilizadas por la policía en
Oaxaca se originaron aparentemente en EE.UU. Incluyen
aterrorizar a la gente con perros feroces, amenazas de
lanzar a prisioneros desde helicópteros al mar, y una
técnica de humillación que consiste de negar
privilegios higiénicos, dejando que la gente defeque
en su ropa.

Nueve hombres siguen detenidos. Hay sólo 13 abogados
representando a las 350 personas contra las que
todavía hay acusaciones. Muchos de los abogados han
sufrido alguna forma de acoso, incluyendo amenazas,
golpizas, y acoso sexual. Cinco reclusos fueron
obligados a firmar declaraciones acusando a la abogado
Yésica Sánchez Maya, presidente de la Liga Mexicana de
Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), a cambio de
su liberación de la prisión. Sánchez Maya, de 29 años,
una dirigente apasionada y efectiva del movimiento,
nos dijo que puede ser arrestada en todo momento.
Sigue inquebrantable.

La Comisión Civil Internacional por la Observación de
los Derechos Humanos concluyó que 20 personas han sido
ilegalmente ejecutadas durante los últimos meses. APPO
ha documentado 29 que han sido asesinadas y 100
torturadas durante esta lucha.

Los asesinatos han sido realizados por paramilitares o
grupos parapoliciales presumiblemente vinculados al
gobierno del Estado.

El 14 de marzo de 2007 la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México informó que 12 personas
habían sido asesinadas y documentó 1.600 violaciones
de los derechos. La Comisión exigió que el Senado
castigue los asesinatos y otros abusos de los derechos
humanos en Oaxaca. APPO criticó el informe por pasar
por alto asesinatos y por no implicar a Ruiz.

El ministro de la Corte Suprema mexicana, Juan Silva
Meza, dijo el 28 de febrero que autoridades federales,
estatales y municipales cometieron graves violaciones
de derechos humanos durante el conflicto de Oaxaca.
Silva Meza recomendó que la Corte cree un comité para
investigar a los funcionarios públicos responsables.

Abogados de LIMEDDH y de la APPO han presentado
denuncias contra Ruiz, el presidente de México, y el
fiscal general para tratar que Ruiz sea destituido y
que sean hechos criminalmente responsables. Las
acusaciones incluyen asesinato, tortura, desaparición
forzada, y negación de justicia. No ha habido
actividad resultante de estas demandas aunque se
nombró un fiscal especial (que no es independiente) y
la Corte Suprema ha señalado su intención de formar un
comité para investigar.

Por el momento Marcelino Coache Verano tiene su
libertad. Pero, dijo a los periodistas; "no habrá
libertad para nosotros si no hay libertad para
nuestros compañeros. No habrá justicia hasta que los
responsables por los asesinatos y la tortura sean
llevados ante la justicia."

El gobierno ha criminalizado el movimiento social. Y
los problemas subyacentes de la lucha siguen sin ser
resueltos. Pero como el flamboyán, el movimiento en
Oaxaca continuará floreciendo. "Nunca antes fui a las
marchas," dijo Aurelia, "pero ahora después de lo que
el gobierno me ha hecho, estaré allí para mostrar mi
apoyo. No sé lo que es la APPO porque nunca he estado
en nada que tenga que ver con la APPO, pero ahora voy
a apoyarlos. He oído hablar de los maestros y también
los apoyaré, ahora, porque duele tanto lo que el
gobierno me hizo."

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Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho
Thomas Jefferson y presidente del Sindicato Nacional
de Abogados. Su nuevo libro: "Cowboy Republic: Six
Ways the Bush Gang Has Defied the Law," será publicado
en julio.

http://www.counterpunch.org/cohn06132007.html