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EXIGEN DIPUTADOS QUE SE INVESTIGUE AL FUNDADOR DE LOS AMIGOS DE FOX, ACUSADO DE IRREGULARIDADES CON EL SEGURO POPULAR | MILLONES DE MEXICANOS, AFECTADOS POR SU CULPA | DAÑO DE $368,460,000 AL ERARIO PÚBLICO" href=" http://www.unafuente.com/15-06-2007/exigen-diputados-federales-que-se-investigue-a-juan-antonio-fernandez-fundador-de-los-amigos-de-fox-y-acusado-de-irregularidades-con-el-seguro-popular/" rel=bookmark>EXIGEN DIPUTADOS QUE SE INVESTIGUE AL FUNDADOR DE LOS AMIGOS DE FOX, ACUSADO DE IRREGULARIDADES CON EL SEGURO POPULAR | MILLONES DE MEXICANOS, AFECTADOS POR SU CULPA | DAÑO DE $368,460,000 AL ERARIO PÚBLICO Por unafuente.com El ex responsable del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortíz, debe ser procesado penalmente pues la inhabilitación de diez años que le estableció la Secretaría de la Función Pública (SFP) no es suficiente, coincidieron este viernes diputados federales citados por REFORMA. El coordinador de los diputados del PRD, Javier González
Garza, exigió que el proceso penal se inicie en contra de Fernández porque las irregularidades cometidas por el también fundador de los Amigos de Fox, apenas empieza a conocerse. "Esto es apenas una parte de lo que hizo este señor, falta conocer todas las cosas discrecionales que hizo, todo eso son delitos, y por supuesto se tiene que consignar", aseguró. REFORMA publicó hoy que las irregularidades del ex responsable del Seguro Popular Juan Antonio Fernández tienen frenada la operación de la Credencial Familiar y los beneficios anunciados para más de 5 millones de familias.
EL PAN HABÍA APOYADO UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA
DE FERNÁNDEZ… ¿MANTIENE LA POSICIÓN AHORA?
El 24 mayo pasado, REFORMA publicó que el PAN no objetó la investigación que la Secretaría de la Función Pública sigue en contra de Juan Antonio Fernández por presuntas irregularidades cuando era titular del Seguro Popular. El secretario general de este partido, José Espina, aseguró que al PAN no le afecta de ningún modo las pesquisas a quien fuera uno de los creadores de los "Amigos de Fox", porque ni siquiera es uno de sus militantes. "De ninguna manera (le afecta al partido) porque el señor ni miembro del partido es, así es que como servidor público que fue tiene que ser supervisado, no tenemos ningún problema", dijo entonces. No se sabe si ahora el PAN mantiene esa misma postora
MILLONES AFECTADOS POR CULPA DEL "AMIGO" MAYOR
REFORMA publicó este viernes que los usuarios del Seguro Popular no sienten el alivio prometido por el gobierno de Vicente Fox. La certeza de tener su Credencial Familiar, que les permitiría tener almacenado su expediente clínico y contar con recetas electrónicas para surtirse de medicamentos en todas las farmacias, no sólo en las del sector público, está lejos de cumplirse. Las irregularidades del ex responsable del Seguro Popular Juan Antonio Fernández tienen frenada la operación de la Credencial Familiar y los beneficios anunciados para más de 5 millones de familias. "La Credencial se encuentra sin uso y sin que se proporcionen los servicios esperados, resultando improductiva dicha contratación, al no ser de utilidad para la población beneficiaria", establece la Secretaría de la Función Pública en el expediente que inhabilitó a Fernández por 10 años en el servicio público. "Se ha ocasionado con su conducta un daño al erario federal por la cantidad de $368,460, 000.00 que
se integra por el monto pagado por el servicio de credencialización, que a la fecha está sin operación".
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http://www.laquintacolumna.com.mx/2007/junio/columnistas/colu_oficiodepapel_100607.html Oficio de papel
Miguel Badillo
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx



Inhabilitan 10 años a Juan Antonio Fernández

Abuso y desvío de recursos del Seguro Popular

Obligan a SFP a sancionar al ex amigo de Fox

Si es despreciable que un servidor público se enriquezca con el presupuesto que se le asigna para cumplir con el trabajo por el cual recibe un salario, mucho más grave es que desvíe el dinero destinado a la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Este es el caso de Juan Antonio Fernández Ortiz, quien al frente del programa estrella del gobierno de Vicente Fox, denominado Seguro Popular, se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, con lo cual cometió el delito de abuso de poder, según determinó la Secretaría de la Función Pública.
Al mando del joven panista Germán Martínez, esa secretaría responsable de prevenir, vigilar y controlar el uso eficiente del gasto público, determinó que el actuario Fernández Ortiz, pieza clave en la campaña presidencial que llevó a Vicente Fox a Los Pinos a través de la asociación Amigos de Fox, cometió irregularidades administrativas en el proceso de credencialización de la población más pobre del país, que tuvo un costo de 368 millones de pesos, y desvío recursos en beneficio propio y para las empresas Grupo Inbursa e Image Technology.
Ante ese abuso de poder, la Función Pública resolvió el 31 de mayo de 2006 inhabilitar por 10 años a Fernández Ortiz para ejercer cualquier cargo en la administración pública federal y una multa por 454 mil 528 pesos por los recursos desviados; sin embargo se trata sólo de sanciones administrativas, por lo que habrá de esperar las sanciones penales que el caso amerita, pues el abuso cometido por el desvío de recursos está más que probado y no puede quedarse sólo en una simple inhabilitación que al final de 10 años le permitiría volver a robar dinero a los mexicanos.
El seguimiento que la reportera Erika Ramírez ha hecho del caso impidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera carpetazo y, una vez más, quedara en la impunidad la denuncia que se había hecho en contra del titular del Seguro Popular.
Como ha sido costumbre desde que fue creada, la SFP sólo ha servido en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón como tapadera de las corruptelas de la burocracia, es un ente que oculta, archiva y guarda expedientes sin sancionar a los responsables, y sólo cuando se trata de algún ajuste político es utilizada esa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como un instrumento de venganza y ajuste de cuentas, al más puro estilo de la mafia.
Según el expediente 15/2007-BIS de la SFP, el mal uso de los más de 300 millones de pesos fue para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes cuyo contrato fue asignado en medio de múltiples irregularidades a la empresa Image Technology. Pero éste no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que Felipe Calderón ha anunciado que continuará con dicho programa.
De acuerdo con el trabajo periodístico de Erika Ramírez, previo a la licitación pública 1216100-004-05 el ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.

En el "resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización", el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa -filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim-, "quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales".
Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la "preimpresión" de tarjeta inteligente y así "alcanzar las metas del programa de credencializació n del Seguro Popular".
Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.
Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.
Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.
Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.
Historia del fraude llamado Seguro Popular
Desde febrero de 2006 se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente "Tu Salud" (revista Contralínea 50).
Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó, en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes.
Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.
Sin embargo, esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de "interés jurídico" y concluyeron que la inconformidad era "infundada" en diciembre de 2005.
Pero las investigaciones de la revista Contralínea motivaron que se reabriera el expediente en Función Pública ante las nuevas evidencias de la corrupción en la administración del Seguro Popular, pero dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1de diciembre de 2005.
El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área, y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que revela las componendas y las ventajas para esa empresa le dispensó al equipo de funcionarios corruptos.
Fuentes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para "formalizar" las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.
Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP se vieron obligados a reabrir los expedientes del Seguro Popular para evitar que fueran acusados de negligencia y omisión por negarse a investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.
A través del acuerdo 12/1.0.3.2.1, el OIC de la Secretaría Salud inició la auditoría 15/06 CNPSS al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.
El documento, fechado el 27 de junio del 2006, señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.
Según la convocatoria 12161001-004-05, Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que el costo real de la producción de dichas tarjetas es de apenas 20 pesos por cada una y no de más de 80 pesos, lo que de ser cierto significaría un sobreprecio de más de 300 por ciento.
Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, detalla que se erogaron 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.
Otro de los funcionarios que eran investigados por la SFP, entonces encabezada por Eduardo Romero Ramos, es el director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Loyola -colaborador y amigo de Fernández Ortiz desde que ambos laboraron en Secretaría de Agricultura- por supuesto lavado de dinero.
Funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organización que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.

Denuncia Asa Cristina Laurell fraude al Seguro Popular por 368 mdp
de la redacción
México, D.F., 22 de mayo (apro-cimac).- La secretaria de Salud del "gobierno legítimo", Asa Cristina Laurell, presentó ayer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por probable daño patrimonial, derivado de la adquisición de 3.7 millones de credenciales denominadas "Tu salud" ", adquiridas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a finales de 2005.

Dicha adquisición pudo significar el mal manejo de recursos públicos destinados al Sistema de Protección Social en Salud --conocido como Seguro Popular-- y el probable daño patrimonial a la hacienda pública federal, por la cantidad de 368 millones 460 mil pesos, incluido el IVA, informó Laurell en un boletín.

Así mismo, evidenciaría la falta de transparencia en la licitación pública nacional 12161001-004-05 para la contratación del servicio de credencialización; y la falta de planeación en el ejercicio presupuestal de los recursos destinados a ésta, además de otras irregularidades que pudieran derivarse de los hechos descritos.

Por la importancia del caso, dice el comunicado, un grupo de ciudadanos ha solicitado documentación sobre el referido proceso de licitación en la oficina de Información Pública de dicha comisión nacional, "pero se han enfrentado a una táctica dilatoria de estas autoridades federales, quienes utilizando la figura de prórroga, niegan en los hechos la entrega de la información solicitada".

La denuncia involucra a los servidores públicos que a la fecha de los hechos desempeñaban diversos cargos en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y que hayan intervenido de cualquier forma en el proceso administrativo de adjudicación y contratación del servicio de credencialización, además de otros que resulten responsables por los actos denunciados.

La credencial

La operación de las credenciales inició con el propósito de contratar un sofisticado servicio de credencializació n que permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios de salud, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, como se especificó el 10 de noviembre de 2005, en la convocatoria 004 para la licitación 12161001-004-05, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La licitación invitaba a participar a personas físicas o morales cuya actividad u objeto social fuera, entre otros, "la integración de sistemas o el desarrollo de software, la emisión de credenciales o el procesamiento electrónico de datos", a fin de contratar "servicios para el programa de implementación para el uso de tarjetas inteligentes en el sector salud en el ámbito de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (servicios de la infraestructura para la operación, emisión y distribución de 3 millones 700 mil credenciales y soporte en la operación)", recordó.

Opacidad

Asa Cristina Laurell resaltó que hubo procedimientos poco transparentes en la licitación. Por ejemplo, para una licitación tan compleja y tan cuantiosa se contrató como servicio de impresión de documentos oficiales, sin que mediara justificación normativa alguna. El proceso de licitación se llevó a cabo bajo la modalidad de 'tiempos recortados', por lo que en el desarrollo del proceso se observan incongruencias en los plazos, lo cual limitó la participación de diversas empresas interesadas.

Finalmente, la beneficiaria de la licitación fue la empresa Image Technology, México SA, con participación conjunta de Esiglo SA, según el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 de fecha 15 de diciembre de 2005; la adjudicación se realizó el 6 de diciembre de ese mismo año y se estableció como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2006.

Si la licitación estuvo llena de opacidad, en sus resultados se observa un conjunto de irregularidades, afirmó Laurel, entre ellas:

La credencial "Tu salud" se hizo sin cumplir a cabalidad con la normatividad establecida, toda vez que se diseñó sin considerar la fotografía y huellas dactilares de los beneficiarios, pues los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) no fueron instalados a efecto de que en ellos se tomaran la fotografía, firma y huellas dactilares de los beneficiarios, como se constata en las credenciales remitidas a los beneficiarios.

La emisión de la credencial "Tu salud" permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios del sector, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, en las entidades federativas no fue instalada la infraestructura necesaria para su operación.

Así mismo, la credencial "Tu salud" contaría con un chip con la información de los beneficiarios y su familia, a través del cual se ingresaría posteriormente información complementaria relacionada con su expediente clínico. A la fecha de terminación del contrato, no existía evidencia del cumplimiento de estos requisitos, ya que en las entidades federativas no fue instalada en tiempo y forma la infraestructura necesaria para su operación; por lo tanto, no se pudo constatar que el chip contuviera la información básica para concretar el objetivo para el cual fue diseñado.

La credencial "Tu salud" sería la base para el modelo de suministro de medicamentos para los beneficiarios del Seguro Popular, ya que la información contenida en el chip y los servicios complementarios permitirían ser utilizados como "tarjetas inteligentes", tal como se estableció desde la licitación; sin embargo, este objetivo tampoco se cumplió, ya que al 31 de diciembre de 2006 en ninguna entidad federativa se puso en marcha el modelo de suministro de medicamentos, como estaba previsto.

Las bases de la licitación preveían que el proveedor otorgaría capacitación al personal de salud y apoyaría el desarrollo de la plataforma tecnológica para el desarrollo del modelo en su conjunto, lo que a la fecha de terminación del contrato tampoco se llevó a cabo.

Como una irregularidad adicional, en el folleto con el que se hace entrega de la credencial "Tu salud", se afirma que la credencial es portable y que con ella las familias inscritas al Seguro Popular podrían ser atendidas en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, además de que con ella retirarían los medicamentos de la Red de Farmacias del Seguro Popular (sic).

Esta propaganda, dice el boletín, engaña una vez más a los ciudadanos, ya que para que esto sea un hecho, previamente se deben firmar convenios de colaboración, interestatales e interinstitucionales, y a la fecha de la emisión de las credenciales no existía ningún convenio de este tipo en el país.

La otra credencial

Las irregularidades en el programa de credencialización "Tu salud" se evidenciaron todavía más, continúa el comunicado, por el hecho de que el 16 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del Programa de Simplificación de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Seguro Popular", por el cual se establece la expedición y entrega de ¡otra credencial!, ahora denominada "Tarjeta universal de salud", que tendría los mismos propósitos que se habían establecido para la credencial "Tu salud", pero con la diferencia de que la anterior era familiar, y la nueva, individual.

Dicho acuerdo —puntualizó Laurell— reconoce de facto que las credenciales adquiridas en diciembre de 2005 tendrían que ser reemplazadas, por lo que se confirma que al sustituirse la credencial "Tu salud" por la "Tarjeta universal de salud" hubo una deficiente planeación que conllevó a una erogación innecesaria de recursos públicos, concluye el boletín.

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=50901&nsec=Nacional


Será denunciado por la Comisión de Vigilancia de San Lázaro
Muñoz Leos puede ir a la cárcel
ROBERTO GARDUÑO
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados anunció que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos será denunciado penalmente por el desvío de mil 400 millones de pesos.
Además, el órgano legislativo, a través del presidente de la citada comisión, Antonio Ortega, demandará una auditoría integral a la política de comunicación social de la Presidencia de la República y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), porque en 2006 ambas instancias utilizaron de manera desordenada el presupuesto para beneficiar la imagen de Vicente Fox y Marta Sahagún, y la de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).
Al dar a conocer el reglamento interior y manual de organización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Ortega refirió que aparte de la malversación de fondos por la que se señala a Muñoz Leos, existe una denuncia contra Juan Antonio Fernández (creador de los Amigos de Fox), quien a su paso por el Seguro Popular durante el pasado sexenio provocó un daño al patrimonio público de entre 50 y 60 millones de pesos.
''En el caso de estos ex funcionarios ya existe una propuesta del gobierno federal para resarcir el daño. En lo que toca a Muñoz Leos, la auditoría sugirió a la Secretaría de la Función Pública un procedimiento resarcitorio de mil 400 millones de pesos, por uso indebido de un recurso en acuerdo con el sindicato. El ex funcionario está en la fase de dar una explicación, pero yo podría adelantar que no hay manera de que satisfaga y se iniciarán los procedimientos penales.''
-¿A la cárcel?
-¡A la cárcel!
Al preguntarle si se detectaron irregularidades en la biblioteca Vasconcelos, en el programa estrella de Vicente Fox y Marta Sahagún, Enciclomedia, y en el Seguro Popular, el perredista pidió tiempo para que la auditoría entregue a la Cámara de Diputados el pliego de fincamiento de responsabilidades a entidades y funcionarios, y a partir de ahí se conocerán los nombres de las personas a las que se inicien éstas.
Refirió que uno de los entes que habrán de revisarse con atingencia es el área de comunicación social de la Presidencia, porque ''hay una percepción social de que se hizo un uso exagerado de recursos para construir una imagen del presidente, de su esposa y de su demás familia.
''Tenemos evidencia de que se rebasó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y nos parece que en la campaña electoral federal la intervención del mandatario fue no sólo desproporcionada, sino además ilegal. Vale la pena que la opinión pública y el pueblo de México sepan cuánto gastó Vicente Fox en la construcción de su propia imagen.''
Con cinco cuentas públicas analizadas al gobierno de Vicente Fox Quesada, se le pidió una evaluación general al diputado Ortega Martínez sobre los resultados de ese sexenio. ''El juicio histórico ya lo hizo el pueblo de México. En cuestión de aplicación de recursos tuvimos un presidente locuaz, ocurrente, un presidente sin visión de Estado. Yo no tengo ninguna duda de que hubo un desperdicio de recursos; por enésima vez lo repito: en seis años se duplicó el presupuesto''.

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/15/index.php?section=politica&article=006n3pol

Amigos de Fox: Fructífera cosecha
verónica espinosa León, Gto., 4 de junio (apro).- Empresarios leoneses obtienen su propia cosecha de las relaciones que durante la gubernatura y el sexenio presidencial cultivaron con Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta, principalmente Manuel Bribiesca, así como de la cercanía con el actual gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, a quien apoyaron en su campaña.

En medio de varias acusaciones por despojo que lo llevaron, incluso, a pisar la cárcel a principios del año pasado, el constructor y empresario inmobiliario Oscar Flores Pérez, a través de uno de sus negocios, Grupo Floper, ha adquirido miles de hectáreas en la populosa zona de Las Joyas y en varios ejidos del rumbo, justo donde ya comenzó a trabajarse en la traza preliminar del proyecto Río Verde o El Zapotillo, una obra federal comprometida por Vicente Fox para garantizar el abasto de agua para los leoneses.

La adquisición parecería casual si Flores Pérez –expresidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, (Canadevi)-- no se hubiera asociado se haya asociado, cinco años atrás, con personajes también cercanos al expresidente y conocedores del proyecto de Río Verde, como Arturo Sojo Garza Aldape, hermano del secretario de Economía, uno de los promotores de éste y otros planes que se elaboraron desde que Fox fue gobernador de Guanajuato y Eduardo Sojo su coordinador de proyectos estratégicos.

En el grupo de socios se incluye al expresidente de la Concanaco, Hugo Villalobos González, quien en la segunda mitad del sexenio foxista fungió como intermediario –en apoyo de Los Pinos y del gobierno de Guanajuato-- en las negociaciones para destrabar y formalizar con el gobierno jalisciense los acuerdos para arrancar las obras de El Zapotillo.

Hugo Villalobos fue ampliamente reconocido por el propio Fox, el exgobernador guanajuatense Juan Carlos Romero y su sucesor Juan Manuel Oliva por sus gestiones "como ciudadano" –pero ampliamente respaldado por ambas instancias-- en diversos eventos oficiales relacionados con la presentación del proyecto y firma de acuerdos para comenzar las obras de El Zapotillo, antes de concluir el sexenio foxista.

Desde septiembre del 2002, Hugo Villalobos se unió a Oscar Flores y Arturo Sojo en una sociedad financiera de objeto limitado (Sofol), denominada "Sociedad Corporativa H.P., S.A. de C.V.", junto con otros prominentes empresarios leoneses como Luis Rodrigo González Fuentes, David González Flores, Héctor Rodríguez Aparicio, y el editor y actual presidente de la Canacintra local, Adolfo Rezza San Martín.

De acuerdo con el acta constitutiva obtenida del Registro Público de la Propiedad (copia de la escritura 17,691) la Sociedad Corporativa H.P. se conformó con un capital inicial de 255 mil pesos, de los cuales poco más de 130 mil fueron aportados por Oscar Flores y Adolfo Rezza, mientras que el resto, por los otros diez socios. El consejo de administración quedó encabezado por el propio Flores Pérez como presidente; Rezza San Martín como vicepresidente y Hugo Villalobos como tesorero. Los tres, junto con el director general Eduardo José Arroyo, recibieron poder general judicial con amplias facultades.

En junio del 2004 la Sofol recibió la autorización de la Secretaría de Hacienda para operar, con el nombre de Corporación Hipotecaria, que para entonces ya había aumentado su capital de 255 mil a 32 millones y medio de pesos. En noviembre del 2005, se celebró la asamblea extraordinaria en la que los socios acordaron otro incremento de 4 millones y medio de pesos más, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad consultados por Apro.

Corporación Hipotecaria se dedica a otorgar créditos para la adquisición de vivienda nueva o usada, así como a obtener créditos para la construcción de vivienda para personas físicas o morales.

A nombre de esta Sofol aparecen obras de vivienda en Morelos (condominio Rancho Las Palmas) y en Campeche (Quinta Los Españoles).

Sin embargo, a través de Grupo Floper, la constructora que dirige Oscar Flores, se adquirieron miles de hectáreas entre la zona de Las Joyas y la autopista León-Lagos-Aguascalientes, las cuales --ahora se sabe-- quedan comprendidas en la infraestructura que desde la presa El Zapotillo, en Jalisco, conducirá el agua hasta León.

El Zapotillo involucra una inversión superior a los 7 mil millones de pesos, recursos que, según se informó a principios de noviembre en la firma de los acuerdos, quedaron depositados en un fideicomiso manejado por Banobras. Se trata de una obra hidráulica que almacenará 411 millones de metros cúbicos; la cortina se elevará a 80 metros de altura, y canalizará 5.6 metros cúbicos de agua por segundo.

En un recorrido efectuado por los terrenos adquiridos por Grupo Floper, en ejidos como Corral de Piedra, La Barranca y Barranca del Venadero, ejidatarios y vecinos de las comunidades –como el delegado Gabino Becerra-- atestiguaron que personal técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene algunos meses acudiendo a esta zona a marcar el trazo de la conducción del agua de El Zapotillo a León, lo cual puede comprobarse también con las placas que ya están colocadas a lo largo del camino entre estos ejidos.

Certificados parcelarios entregados en el 2004 por Vicente Fox a ejidatarias de Corral de Piedra, de forma inusitada definen desde entonces las colindancias de ejidatarios con la inmobiliaria y constructora Floper.

Aviones, estadios y campañas

En la prensa local, Oscar Flores Pérez y Adolfo Rezza Sanmartín han sido señalados por su relación con el hijo mayor de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca.

Al menos en el caso de Flores Pérez hay hechos que fundamentan esta versión. Fue en el hangar de su propiedad, ubicado en el Aeropuerto Internacional del Bajío, donde permaneció guardado por varias semanas el avión Jet Lear de Manuel Bribiesca, y donde se le tomó la fotografía que publicaron el diario A.M. de León y la revista Proceso, al confirmar que era utilizado por el hijo mayor de Marta Sahagún para sus múltiples viajes.

Tras el encarcelamiento de Carlos Ahumada, propietario del club de futbol León, y de la intervención de la Secretaría de Hacienda, Rezza se hizo cargo durante algunos meses de la administración y manejo del equipo y promovió negociaciones con empresarios locales para la adquisición del mismo, entre los que también se mencionó a Manuel Bribiesca, cuyo nombre, incluso, apareció entre las firmas de apoyo al equipo en desplegados periodísticos.

En varias ocasiones Carlos Ahumada y sus conocidos en León –entre ellos Bribiesca-- arribaron en el helicóptero del empresario constructor a los terrenos aledaños a Las Joyas, donde en algún momento se habló de la posibilidad de construir un nuevo estadio para el equipo de fútbol León, según versiones de empresarios que estuvieron interesados en adquirir la franquicia luego de que el empresario argentino fue encarcelado.

Posteriormente, en el proceso electoral del 2006, Oscar Flores y Adolfo Rezza aparecieron y coordinaron contactos empresariales y recaudaciones de campaña en este sector para Juan Manuel Oliva.

Sin embargo, el Comité Estatal del PAN y los coordinadores de campaña del equipo del ahora gobernador debieron asumir el manejo financiero y de recaudación para la campaña, ante inconformidades que surgieron al interior del partido y entre otros representantes del sector empresarial.

Historia de denuncias

Lo cierto es que desde hace por lo menos una década, Oscar Flores, y sus empresas, ha sido denunciado infructuosamente por la adquisición de predios mediante documentos apócrifos o engaños a los propietarios, y hasta por el desvío del cauce de un arroyo federal para aprovechar una mayor extensión de terreno para, de forma indebida, construir viviendas en las laderas de dicho cauce, en la actual colonia Kennedy.

En varios escritos firmados por el abogado Guillermo Romo Méndez, y dirigidos al exalcalde Ricardo Alanís, se exponen varios hechos, como el que señala que mediante escrituras públicas se protocolizaron juicios de información ad perpetuam, las cuales Flores Pérez permutó luego con el municipio.

Por ejemplo, la escritura número 35,872 del 26 de febrero de 1999, y la número 38,572, del 23 de abril del 2001, ambas ante la notaría de Francisco Fernández Regalado, aunque aparentemente se refieren a predios distintos, en realidad corresponden a un mismo procedimiento de información ad perpetuam; es decir, a un mismo caso: el expediente 385/97-C del Juzgado Tercero de lo Civil.

Con estas escrituras se procedió a fusionar varios predios, previa permuta hecha por bienes del patrimonio municipal autorizado por el ayuntamiento en febrero del 2003. "Mediante engaños y de forma dolosa a través de escrituras apócrifas (Oscar Flores) obtuvo un beneficio económico en detrimento de los bienes municipales… a través de dichas documentales, mismas que por razones extrañas no fueron o no quisieron ser analizadas, este sujeto obtuvo el pago de afectaciones que legalmente no le correspondían".

El abogado Romo Méndez presentó al exalcalde de León Ricardo Alanís Posada evidencias de los abusos cometidos por Oscar Flores y su empresa Flopper en perjuicio del patrimonio y del erario municipal.

Alanís Posada rechazó atender el caso y proceder jurídicamente, en virtud de que su hijo Ricardo Alanís Rosales, en su calidad de regidor, intervino en algunos de los dictámenes para permutar los predios municipales con Flores.

Consultado sobre estas denuncias, el abogado Romo Méndez –representante del señor Sabás Guardado, quien fue engañado por Oscar Flores y despojado de una propiedad-- recordó cómo durante la campaña del 2006, Juan Manuel Oliva Ramírez no sólo fue respaldado amplia y públicamente por Flores Pérez y Adolfo Rezza, sino que aquél, en su calidad de presidente de la Canadevi, le organizó varias reuniones con constructores, en las que ya lo calificaban como virtual gobernador, y de paso le pedía convertir al gobierno en un "facilitador" de la construcción de viviendas. Recientemente, el abogado llevó el caso ante el gobernador, y aún espera una respuesta.

Otro abogado, Carlos Torres –quien también conoce los expedientes de diversas denuncias contra Flores-- asegura que todo esto es del conocimiento del gobernador Oliva, "pero el constructor ha actuado impunemente porque es protegido por él".

Unos meses después, ya con Oliva Ramírez en el gobierno, lo primero que se instrumentó a través del Instituto de Vivienda del estado (IVEG) fue un encuentro con los socios de la Canadevi encabezados por Oscar Flores, para "trabajar juntos" en la entrega de reservas territoriales a constructores para edificar viviendas para personas de bajos recursos, principalmente.

La empresa de Flores resultó favorecida por el IVEG en la construcción del desarrollo habitacional "Cañada del Real", en la zona de Las Joyas, donde levantará 1,600 departamentos en 83 edificios de cinco pisos en 18 hectáreas, que también prevén contar con canchas, centro comercial, áreas verdes y escuelas. La inversión fue calculada en cerca de 300 millones de pesos. El terreno lo puso el Instituto de Vivienda.

Oscar Flores no perdió el tiempo. En noviembre pasado, en su calidad de presidente de la Canadevi, le entregó a Vicente Fox un reconocimiento "por su exitosa política de vivienda".

Mientras el abogado Guillermo Romo espera todavía que Oliva lo reciba en el Palacio de Gobierno.

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