| Por: Héctor R. Sánchez Navarro
 En ocasiones sólo es posible escribir sobre un tema profusamente tratado por todo tipo de expertos, interesados, defensores, ofendidos, enterados, reales o supuestos, pero todos con distintos enfoques e intereses, cuando ha pasado el aluvión de comentarios y empieza a dejar de ser actual. Es cuando se puede empezar a analizar la información escondida entre la enorme cantidad de páginas escritas y tratar de encontrar, si no la verdad, al menos algo que se le parezca, que tenga cierta lógica y que haga que los hechos vayan encajando en una hipótesis sin que sean forzados a ello.
La muerte de una anciana en la Sierra de Zongolica, Veracruz se convirtió en tragedia para la familia, en noticia nacional y en una muestra clara de lo que producen los excesos de miseria y de poder. Ante la tragicomedia de equívocos en que se convirtió este caso, sólo hay dos hechos claros: la señora murió y un destacamento del ejército se encontraba en el lugar. Surgen por tanto dos preguntas básicas de las cuales se derivan muchas otras: 1.- ¿Qué causó la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario?
2.- ¿Por qué se encontraba un destacamento militar en la zona?
Estas preguntas no son excluyentes y posiblemente sean complementarias.
PRIMERA PREGUNTA
Sobre la primera pregunta se ha escrito y dicho demasiado. Han sido tantas versiones, declaraciones, contradicciones, boletines, entrevistas, conferencias de prensa, mentiras, desmentidos, y, sobre todo, se creó tal confusión, en forma aparentemente intencional, que a estas alturas y con todo lo que se ha argumentado en diferentes sentidos, se conoce la verdad oficial pero no la verdadera verdad. Las autoridades, y los medios interesados en ello, logró que la certeza que se tenía en un principio sobre el ataque sexual a la señora por parte de militares que posteriormente le costó que la vida se le diluyera y que al menos una parte de la opinión pública tenga dudas sobre lo que ocurrió, aunque para lograr ésto tuvieron que sacrificar el poco o mucho prestigio que les quedara a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de Veracruz, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), y a sus titulares.
Lo que se supo en un principio fue que el domingo 25 de febrero del 2007, la señora Ernestina Ascencio Rosario indígena de 72 años, fue encontrada moribunda en un paraje cerca de su casa en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz. Al ser interrogada por su hija, le comentó en su lengua (Náhuatl) que los soldados se le echaron encima, que es su forma de decir que la violaron. En la comunidad estaba asentado un destacamento militar con más de cien elementos.
Después de intentar que fuera atendida en la clínica local y en una clínica particular, fue internada en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), donde fue atendida, aparentemente operada y donde murió a las 6 de la mañana del día siguiente. En este último tramo acompañó a los hijos y familiares de la moribunda el ingeniero René Huerta, líder de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien habría de tener una participación relevante en los acontecimientos posteriores. El mismo día se realizó la necropsia por el perito adscrito a la PGJEV confirmando la violación sexual vaginal y anal lo que a la postre provocó la muerte de la señora. Ante la indignación de la población y el temor de que se desatara la violencia, el día 27 a primera hora se presentó el gobernador Fidel Herrera Beltrán a empeñar su palabra de se haría justicia. Para dar mayor seguridad de que no habría impunidad, un oficial del ejército simuló ante la población y las autoridades municipales que llevaba arrestados a los culpables para ser juzgados. Ambos, palabra y arresto, habrían de resultar falsos.
No es gratuita la desconfianza generalizada sobre los resultados oficiales en este caso, ya que si algo lo caracterizó fueron los sospechosos y descarados cambios de postura de los principales encargados de aclararlo, encaminados a desvanecer la hipótesis de la violación sexual y la muerte violenta de la indígena, sin embargo de todo este proceso de metamorfosis oficial fue quedando registro en la prensa.
La operación en el Hospital de Río Blanco
A pesar de que en las números 23 y 29 de sus 30 auto preguntas y en su síntesis del 19 de abril, la CNDH afirmó que su personal actuó únicamente como observador en la exhumación el día 9 de marzo, en los mismos documentos, pregunta 19 y síntesis, la propia Comisión descartó la posibilidad de que la occisa hubiera tenido perforación rectal. Hubo, sin embargo, versiones que contradijeron esta tesis.
La página www.enlaceveracruz212.com.mx publicó el 23 de abril una entrevista realizada por la periodista Verónica Woodhouse a los hermanos Inés Ascencio (hijos de la víctima) en la que le manifestaron que su madre fue operada del recto en la madrugada del 26 de febrero y que a Julio, el mayor de los hermanos, le solicitaron en el HRRB que firmara la autorización para la operación. No lo declararon antes porque "nadie les preguntó".
En La Jornada, el 24 de abril, Blanche Petrich informó que la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJEV a las 11:40 (p.m.) del 25 de febrero emitió dictamen: "al tacto rectal se detecta una ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto. Se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación".
El 26 de abril, Laura Castro de CIMAC señaló que a pesar de tener en su poder las grabaciones de las declaraciones del doctor Hugo Zárate Amescua, director del HRRB del 14 de marzo, cuando informó que en este caso se presumía que la paciente fue víctima de una agresión sexual y que la perforación del recto le provocó sangrado abundante por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, éste manifestó después de entrevistarse con personal de la CNDH que el sangrado se debió a la ruptura de vísceras causadas por una salmonella.
La presencia de líquido seminal en el cuerpo de la occisa
Una de las controversias más importantes, tanto por las contradicciones y equívocos presentados, como por la importancia de la prueba fue la existencia o no de semen en el cuerpo de la víctima. El médico forense Pablo Mendizábal, adscrito a la PGJEV, al realizar la autopsia el día de la muerte, 26 de febrero, informó haber encontrado "abundante líquido seminal" en el cadáver. Esta anotación sería considerada posteriormente como un error técnico por la ex subprocuradora del D. F. doctora Bárbara Yllán, quien dijo a Carmen Aristegui que la descripción "abundante" era incorrecta, pero no desvirtuaba la existencia del líquido.
La SEDENA en sus comunicados 019 (vigente) y 020 de fechas 6 y 7 de marzo respectivamente informó, en el primero, que peritos especialistas (sin aclarar en qué especialidad ni de que dependencia) en ese momento llevaban a cabo la comparación de las muestras de sangre del personal militar con el "líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa", en el segundo sólo cambió el tiempo y el lugar, pues indicaba que las muestras hemáticas y el líquido seminal serían enviados a la Ciudad de México para ser analizados por peritos de la Procuraduría General de la República. En los comunicados se afirma que estos resultados serían pruebas contundentes e irrefutables que no deberían dejar lugar a dudas y que se tendrían en un plazo de 15 a 20 días.
El 6 de abril (ya después de la intervención de Calderón) la SEDENA envió a el Correo Ilustrado de La Jornada una aclaración en torno a los hechos (sic) sucedidos en el municipio de Soledad Atzompa donde informa que no cuenta con el líquido seminal recogido del cuerpo de la occisa y que jamás lo ha tenido, que si había afirmado que lo tenía y que lo estaba analizando o que lo mandaría a analizar era porque partía de la premisa de que dichas muestras estarían en poder de la PGJEV.
No es posible creer en tanta ingenuidad, y menos si consideramos que en los comunicados mencionados la SEDENA informó de los avances de las investigaciones realizadas por la PGJEV y por la Procuraduría General de Justicia Militar, por lo que debería tener conocimiento de los elementos con que contaba cada una de ellas.
Diagnóstico de Calderón
Lo que vino a darle un giro al curso de las investigaciones fue la declaración que Felipe Calderón dio a Elena Gallegos y Claudia Herrera, publicada en La Jornada el 13 de marzo, donde afirmó que la muerte de la señora se debió a una gastritis mal atendida. No se ha aclarado de donde obtuvo esa información el declarante, pues aunque él mismo mencionó a la CNDH, ésta negó ser la fuente y por el contrario, en la número 5 de las 30 preguntas sugiere que fue la SEDENA quien la proporcionó, confirmado ésto por la segunda visitadora Susana Pedrosa (Proceso 1588). En la sesión del 10 de abril en la Cámara de Diputados, el legislador Rodríguez Prats aseveró que la SEDENA le proporcionó la información a Calderón. Estas versiones no han sido confirmadas ni negadas oficialmente.
Durante la aterciopelada comparecencia del Secretario de la Defensa ante los Diputados el 26 de abril éstos se cuidaron de formular la sencilla pregunta respecto a que si la dependencia a su cargo obtuvo y proporcionó ese dictamen. En caso de que el general confirmara que lo hizo el ejército, quedaría la duda sobre la rapidez para obtener resultados, ya que la exhumación se realizó el 9 de marzo y Felipe Calderón lo hizo público el día 12, a pesar de que la CNDH estableció un plazo de 30 a 60 días para concluir los estudios. (El establecimiento de ese plazo no impidió que el 14 de marzo, un día después de publicarse la entrevista, la CNDH emitiera su Comunicado 039 descalificando la autopsia y descartando que hubiera habido perforación del recto y múltiples desgarres). Si la respuesta del general Galván hubiera sido negativa, es decir, que el ejército no proporcionó la información y toda vez que el Ombudsman se había deslindado, quedaría claro que la declaración gratuita de Calderón Hinojosa a La Jornada contenía la consigna de "no se hagan bolas, la señora murió de gastritis".
Y mientras pensaban como decir que no dijeron lo que ya dijeron subieron al ring a la CNDH contra la PGJEV para tender una cortina de humo al ejército.
Intervención de la CNDH
La intervención de la CNDH fue determinante para desviar la atención pública del ejército y para desacreditar ante la opinión pública las versiones iniciales de que la mujer fue víctima de ataques sexuales que le produjeron la muerte. No sólo descalificó el trabajo de la PGJEV, sino que suplantó la función del Ministerio Público al declarar que oficialmente no había delito que perseguir. En su Boletín de prensa SC/07 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó a Soberanes de violar el artículo sexto de la ley de la CNDH que le impide determinar la existencia o no de un delito.
Con insistencia patética el doctor Soberanes se dedicó a manifestar que contaba con "pruebas científicas" que sustentaban su dicho y se declaró "sacado de onda" cuando las Diputadas ante las que compareció le impidieron mostrar públicamente fotografías de las partes pudendas de la víctima. Esta comparecencia del 24 de Abril no convenció a nadie, salvo a los medios que iban convencidos de antemano, sin embargo lo importante era que la noche anterior, 23 de Abril, en sus oficinas de la CNDH el doctor Soberanes sí logró convencer al gobernador veracruzano con las tales pruebas científicas. El resultado acordado esa noche, sirvió de base para que el general Galván manifestara tranquilamente ante los Diputados el día 26 de Abril que no habría impunidad, "pero de la misma manera, si los órganos jurisdiccionales resuelven que no se incurrió en ilícitos, se exigirá respetar la determinación". No dijo a quien le haría tal exigencia.
El 19 de abril, la CNDH informó que su investigación se inició de oficio a la 11:19 horas del día 27 de febrero, al contestar sus 30 preguntas, igualmente en las números 1, 13 y 22 argumentó haber iniciado una queja de oficio por la presunta violación a la señora. En su Comunicado 033 del 3 de marzo la CNDH anunció que ya había realizado gestiones y solicitado información a la SEDENA. El día 7 de Marzo la CNDH requirió la exhumación del cadáver. Sin embargo, en su Comunicado de Prensa 020 del mismo 7 de marzo, la SEDENA informó: "Cabe resaltar que ya se ha pedido la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Habría que conocer los términos de esta solicitud, ya que al parecer la SEDENA estaba presentando a sus abogados defensores en este comunicado.
Que pena que en un país donde los derechos humanos se violan en forma consuetudinaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de protegerlos, cuando quienes los violan son las autoridades, esté dirigida con intenciones políticas, y que no se dude en convertir a la institución en la oficina encargada de solapar a quien le ordenen y en hacer el trabajo sucio justamente al servicio de las autoridades a quienes debería acotar. Causó extrañeza a diferentes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos la celeridad con que la CNDH intervino en este caso, cuando, recientemente, había sido criticada por su tardanza en investigar casos escandalosos de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades.
Las palabras de doña Ernestina
 El deceso de una anciana indígena en la sierra no es cosa que llame la atención de nadie, por lo que esta muerte no habría trascendido más allá de la propia comunidad, si no fuera porque además de que murió en un hospital de regular importancia, la misma víctima varias veces refirió quienes fueron sus atacantes antes de morir. La denuncia de la mujer fue el detonante para que esta muerte se convirtiera en escándalo internacional, pero también en una vergonzante prueba del oprobio al que están dispuestos a llegar algunos servidores públicos. Desde que la señora fue encontrada agonizante informó a su hija Marta que había sido violada por soldados, durante el trayecto al hospital, enteraron al Presidente Municipal, y la misma anciana, con señas, asintió cuando le pidió que confirmara esa versión, posteriormente en el HRRB repitió la acusación en presencia de su hijo Francisco.
El 26 de febrero, mientras se realizaba la autopsia, los hermanos Inés Ascencio declaraban ante la autoridad municipal cuáles habían sido las últimas palabras de su madre. La acusación fue tan contundente que dio su justa dimensión a los burdos intentos de desvirtuarla.
Uno de los más lamentables fue el de María del Rocío García, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INM) quien dijo que su postura era apoyar la versión de Calderón de muerte por gastritis, pues éste tenía información privilegiada y descalificó la declaración de la indígena porque "fue en náhuatl y estaba moribunda".
La segunda visitadora de la CNDH, Susana Pedroza, lo intentó así: la mujer indígena no dijo "los soldados me violaron" o "me montaron" lo que dijo fue "se me acercaron los soldados". Refirió que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tradujeron las palabras y acusó al traductor proporcionado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de no traducir, sino interpretar las palabras de la señora (La Jornada 19 de abril).
El 26 de abril dijo el Boletín de prensa del Pueblo Nahua y Municipio de Soledad Atzompa, Ver. : el día 20 declaró Soberanes que "Ernestina no dijo que los soldados la violaron sino que los soldados se le acercaron" y denunció al traductor de la CEDH por no hacer la traducción correcta "tradujo lo que quiso pero erróneamente", sin embargo, las autoridades municipales declararon: "Nosotros ya verificamos la grabación y la traducción del delegado étnico es correcta".
En Proceso 1584 se publicó la declaración de Marta Inés Ascencio sobre lo que dijo su madre "Apenas podía hablar. Ahí me alcanzó a decir que habían sido los soldados, que la habían golpeado y amarrado". También apareció la declaración de Francisco Inés Ascencio: "Fuimos a parar al hospital. Ahí mi madre todavía alcanzó a murmurar que habían sido los soldados".
El 4 de abril en La Jornada, Blanche Petrich publicó en su crónica que los 5 hijos (de doña Ernestina) en Asamblea Comunitaria demandaron la destitución de José Luis Soberanes en la CNDH, "porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad", Javier Pérez Pascuala presidente municipal, en la misma asamblea dijo: "Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre que fue atacada sexualmente". El 24 de abril, la misma periodista informó que en sus declaraciones ministeriales los hijos (hombres) y el sobrino (de la señora ascencio), que hablan bien el español ratificaron que lo que dijo su mamá en Náhuatl fue que los soldados "se le habían echado encima".
Este último punto es el que han ocultado los interesados en desvirtuar la denuncia de la víctima, que los hijos, parientes y autoridades que hablan español, han confirmado que la traducción correcta es en el sentido de que sí hubo ataque sexual por parte de los soldados.
Las declaraciones sobre las últimas palabras de la finada fueron finalmente desechadas por el Fiscal Especial, porque las hicieron testigos de oídas y no presenciales. Esperemos que tan brillante tesis no siente jurisprudencia.
Y cuando parecía que ya se había llegado al colmo de la estulticia y la infamia, apareció el gobernador Fidel Herrera dando declaraciones a Denisse Maerker en su programa Punto de Partida el primero de mayo: "La señora doña Ernestina nunca llegó a hablar con nadie, ella sólo murmuraba porque estaba herida". No aclaró que heridas tenía ni su gravedad.
El temor al ejército
De acuerdo con la conclusión del Fiscal Especial para cerrar la averiguación previa, los testimonios de los familiares fueron rechazados por ser testigos de oídas y no presenciales. Al margen de lo discutible que pueda ser este argumento, queda la duda sobre porqué el fiscal desdeñó la posibilidad de encontrar a algún testigo presencial al no interrogar a los soldados.
En su comparecencia ante los Diputados, mencionada anteriormente, el general Galván manifestó que los soldados estaban a disposición de la autoridad civil para ser investigados, de donde se infiere que a esa fecha, 26 de Abril, no habían declarado. Tampoco lo harían posteriormente. El fiscal no pudo interrogar a los más de cien soldados que estuvieron en Tetlatzinga el día de los hechos, comparar declaraciones, analizar contradicciones, realizar los nuevos interrogatorios que fueran necesarios, etc. a partir del día 26 y concluir su trabajo el día 27 como lo informó en su conclusión. Esto se confirma con la declaración que el Gobernador le dio a Denisse Maerker en Punto de Partida del primero de mayo donde informa que se cuenta con declaraciones testimoniales de 36 ciudadanos y ciudadanas.
Por cierto Fidel Herrera mencionó estos testimonios como pruebas y el fiscal la noche anterior consideró que no eran idóneos como tales.
El subprocurador de justicia de la zona centro del Estado de Veracruz, Miguel Mina, declaró a Proceso (1584) al preguntarle si han llamado a declarar a militares, que habían requerido a cuatro "pero que no habían comparecido". Esto hace incomprensible que el fiscal no hubiera tomado la palabra al general, a menos que desconfiara de que los soldados que le enviarían fueran los que efectivamente estuvieron en el lugar de los hechos, o que tuviera temor de molestar al ejército, o que le hubieran ordenado no hacerlo, o que no tuviera interés en aclarar el caso, o que ya supiera de cualquier forma la conclusión a la que habría de llegar.
La siniestra Secretaría de Gobernación
Es indudable que una de las actuaciones más oscuras y tenebrosas en este asunto fue la del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Abraham Kunio González Uyeda. Desde su aparición en escena las cosas empezaron a manejarse en lo oscurito, realizando reuniones con líderes, familiares y autoridades en la madrugada o fuera de la localidad (en Boca del Río), provocando suspicacias, realizando declaraciones con falsedades e incumpliendo compromisos. Aparentemente la intención de este siniestro personaje era la de enemistar a los familiares y al líder de la CROISZ con las autoridades municipales, y lo cumplió a cabalidad. Hasta el momento se ignoran los términos en que trató el asunto con los hermanos Inés Ascencio y si hubo algún tipo de ofrecimientos o amenazas.
Vende caro tu amor
Fidel Herrera, quien en materia de oficio político aventaja con creces a Calderón y a su gabinete, estuvo durante dos meses, encareciendo la mercancía que finalmente iba a vender, sin importarle que dentro del paquete estuviera el futuro profesional de los peritos y, posiblemente la cabeza del Procurador que horas antes había creído (al menos así lo declaró) que la ley no es negociable, (las promesas, la justicia y la verdad siempre son moneda de cambio en la política). En Veracruz la ignominia late con fuerza.
Preparando el terreno, con un tartajoso lenguaje, el Gobernador declaró en el noticiario radiofónico de Ciro Gómez Leyva, el 27 de abril, que él había estado cerca del cuerpo de la finada en su localidad y aseguró (sin decir en que basaba su afirmación) que saludó a los soldados y que "ningún integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió". Ya el día 23 se había reunido con Soberanes y el 30 presentaría su conclusión la PGJEV.
 ¿A quién creerle?
Ante la opción de creerle a Calderón, Guillermo Galván, Soberanes, Fidel Herrera y Emeterio López, o creerle a los hermanos Inés Ascencio, definitivamente les creo a Julio, Francisco, Carmen Juana y Marta, quienes desde el principio dijeron su verdad y no se les demostró que hayan mentido o que tengan algún interés fuera de que se haga justicia.
SEGUNDA PREGUNTA
Así como en lo relativo a la primera pregunta han corrido ríos de tinta, el tema de la segunda pregunta han tenido buen cuidado de ni siquiera mencionarlo los afectos a las fuerzas armadas.
Por alguna razón y en función de una orden superior se encontraban acampados los soldados del Batallón García dentro de la comunidad de Tetlatzinga el día 25 de febrero de 2007. ¿Cuál era esa razón? ¿Qué indicaba la orden? A falta de información oficial habría que analizar las probabilidades más lógicas de acuerdo al comportamiento de los militares:
¿Qué hacían los soldados?
En la zona no se había presentado algún siniestro que ameritara la instalación del Plan DN III, por tanto se descarta.
Los Habitantes de la localidad manifestaron que los soldados no realizaban labor social en esta ocasión, tampoco era eso.
Durante su comparecencia con los Diputados el general Galván aseveró, respecto al combate a la tala clandestina que el ejército está impedido legalmente para hacerlo y que las operaciones contra el narcotráfico le absorben demasiado personal, que cuando apoyan en estas acciones suben a los bosques por períodos de 96 horas para "producir inteligencia" (cualquier cosa que eso signifique), pero si se realiza una solicitud expresa pueden apoyar en la zona de los límites Veracruz con Puebla. También se desecha esta posibilidad.
Para argumentar que en la zona no hay siembra de amapola o marihuana los miembros de la comunidad piden que se constate la miseria en que viven, la que no existiría si se dedicaran a esa actividad, además no se sabe de detenidos o de sembradíos destruidos. Algunos vecinos comentaron que los soldados les dijeron que no buscaban drogas, armas ni tala clandestina. Los mismos soldados negaron que estuvieran en esas funciones.
En cuanto a la posibilidad de que buscaran a grupos armados (guerrilleros o maleantes), la misma SEDENA en su fallido Comunicado de Prensa 019 (el primero, que después retiró y negó su existencia) acusó directamente a grupos desafectos a las Fuerzas Armadas de haber perpetrado el crimen con la intención de culpar al ejército, lo que suena increíble dado que la señora fue encontrada a escasos 300 metros del campamento militar en un Domingo por la tarde.
Sin embargo, los habitantes de la sierra niegan que haya gente armada o guerrilla en la zona. Nadie esperaría que los delataran en caso de que hubiera, pero ¿es lo que buscaban los soldados? Hay antecedentes:
Asedio en Zongolica
En Febrero de 1997, durante una entrevista con Blanche Petrich de La Jornada, la comandancia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) informó que estaba desaparecido el compañero Rafael (Desaparición denunciada en El Insurgente No. 4 de diciembre de 1996). Posteriormente el EPR informó (El Insurgente No. 8 de abril de 1997) que el 22 de febrero el combatiente Rafael se fugó de la cárcel militar de San Juan Teotihuacan después de haber aceptado, bajo tortura, colaborar con el ejército y se reintegró al grupo rebelde.
El 12 de enero de 2006, en la carretera Orizaba-Córdoba fueron detenidos los hermanos Gerardo y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile con exceso de presencia policíaca y a quienes terminaron acusando de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer terrorismo.
En abril de 2006 el ya ex Comandante Rafael organizó una rueda de prensa en la Ciudad de México para dar a conocer que estaba libre y retirado de las actividades insurgentes y que su nombre es Andrés Tzompaxtle Tecpile, que han sufrido persecución él y su familia desde que se fugó de la cárcel en 1997, que las autoridades acusan a su hermano Gerardo de ser el Comandante Rafael para presionarlo, y que sus hermanos no tienen relación con ninguna organización armada. Mientras tanto Maximino Tzompaxtle Tecpile manifestó que el 31 de marzo de 2006, agentes federales se presentaron a buscarlo en su casa en la comunidad de Astacinga, en la Sierra de Zongolica, lugar de donde son todos los hermanos, y al no encontrarlo destruyeron 2 casitas de su propiedad y hostigaron a su madre, indígena de 85 años que sólo habla náhuatl. Astacinga se encuentra más arriba que Tetlatzinga en la misma Sierra de Zongolica.
Tácticas contrainsurgentes (guerra sucia)
Así como los guerrilleros urbanos requieren de la mayor clandestinidad posible, la guerrilla rural depende del apoyo de las comunidades, entre las que se mueve "como pez en el agua". Y es precisamente por eso que las fuerzas gubernamentales han desarrollado la táctica contrainsurgente de "quitarle el agua al pez". Esto consiste en sembrar el terror para hacer sentir a la población de las comunidades de apoyo que corren peligro en caso de que se sospeche que ayudan a los grupos armados.
La presencia del ejército puede tener intenciones disuasivas y preventivas pero la violación y asesinato de la indígena, por ser mujer mayor y de mucho respeto constituyó un agravio que exacerbó los ánimos y sólo la intervención del Gobernador, prometiendo que habría justicia, logró calmar a la gente. En versión del alcalde Javier Pérez Pascuala: "cuando llegó el Gobernador los soldados estaban rodeados por seis mil personas, y por muy armados que estuvieran los habrían hecho pedazos con las manos".
La violación a las mujeres tiene el propósito de humillar para doblegar a la comunidad. No es común la muerte entre las mujeres violadas por los soldados en las comunidades indígenas. En el caso de Tetlatzinga, es de dudarse que el homicidio haya sido intencional, ya que precisamente se trata de que la comunidad se entere, y conozca el riesgo que corre, pero que no trascienda del ámbito local. Es importante que localmente se sepa que lo hizo el ejército y que no habrá sanción. La impunidad debe crear la sensación de impotencia.
Es difícil tener un registro de las violaciones sufridas por las mujeres indígenas a manos del ejército ya que muchos de los casos no son denunciados y cuando se denuncian chocan con el temor o negligencia de las autoridades que prefieren considerarlo un caso del ámbito militar. Cuando intervienen las ONGs llegan a documentar una parte de los casos pero no llegan a tener éxito sus gestiones ante autoridades nacionales y el trámite ante las instancias internacionales en demasiado lento, pero no cejan en buscar justicia.
En Milenio del 9 de abril se informó que en Julio de 2002 la Organización Indígena Nahua de la Sierra de Zongolica (OINSZ) presentó a Miguel Alemán, en ese entonces Gobernador de Veracruz, 20 casos de mujeres indígenas violadas por soldados, sin haber obtenido ningún resultado. Dentro de estos casos se encontraba el de una niña de doce años que resultó embarazada y posteriormente hostigada por soldados (Narrado al detalle en Proceso 1589). Guadalupe Gómez (CIMAC 1 de mayo) expone que en agosto de 2002 cuatro organizaciones indígenas denunciaron que los soldados cometieron al menos 50 casos de violación pero el Ministerio Público se negó a admitirlas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó los casos en su informe de ese año. En Proceso 1587, Isabel Uriarte del Centro Pro dice que desde 1999 han documentado otros cinco casos (de violaciones perpetradas por soldados) en los que la CNDH no se metió a investigar a fondo.
La impunidad otorgada indica que estos crímenes tienen objetivos militares y políticos.
¿Justicia civil o castrense?
Los panegiristas del ejército insisten en que 2 ó 3 individuos no pueden manchar a la institución, y que en caso de que haya culpables serán castigados severamente ya que las sanciones castrenses son "de a de veras". Cuando los 3 ó 4 agresores (en ocasiones bastante más) se multiplican por las decenas de casos de violaciones, entonces ya no resultan tan pocos los que manchan a la institución, sobre todo si en realidad resulta que estos actos se realizan por sistema y cumpliendo órdenes. En cuanto a las sanciones habrá que hacer algunas observaciones:
El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que "Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda".
El 25 de junio, en CIMAC, Lourdes Godínez informa que en 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendación al Estado mexicano sobre el caso, ocurrido en 1994 y presentado en 1996, de violación sexual a tres hermanas tzeltales por militares en Chiapas, ya que las reconocía como tortura y consideraba que los tribunales castrenses carecían "por definición" de la independencia y autonomía necesaria para juzgar a sus elementos.
En reiteradas ocasiones, continúa CIMAC, ONU, Corte Interamericana y CIDH han criticado la ausencia de procesos ante los tribunales militares de miembros del Ejército implicados en violaciones de derechos humanos, refiere el informe especial sobre "Mujeres indígenas e injusticia militar" de 2004, de Amnistía Internacional (AI).
Al menos desde 1994 hasta 2007 ningún militar ha sido puesto a disposición de la autoridad civil por el delito de violación mientras realizaba actividades en comunidades indígenas. Los soldados acusados de violación en Castaños, Coah. en 2006 están sujetos a proceso ante un tribunal civil, pero cuando cometieron los delitos estaban asignados a la custodia de material electoral.
La revista EMEEQUIS en su número 066 presenta un reportaje documentado con información de la SEDENA donde se aprecia que los pocos castigos que imponen las autoridades castrenses a los violadores son realmente ridículos (ninguno de los casos corresponde a violaciones en zonas indígenas), además de que en los casos en que las víctimas no fueron militares, el tribunal militar debió dar vista a la autoridad civil. En algunos de los casos se acusa al procesado por violación al honor militar (no se aclara si dicho honor militar es objeto de tratamiento sicológico o de reparación de daño moral).
¿Nada que agregar? El 5 de Mayo La Jornada publicó una declaración del Secretario de Gobernación sobre el caso de doña Ernestina. Dijo a los reporteros: "Ya ustedes tienen toda la información. No hay nada más que agregar".
Por supuesto que, como tantas veces en su vida, el señor Francisco Ramírez Acuña está equivocado. Falta mucha información y el caso no está cerrado para gran parte de la opinión pública y para las instancias internacionales.
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