DOCUMENTOS

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE

Las legisladoras y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifestamos NUESTRO RECHAZO a la reforma a la Ley del ISSSTE planteada el día de hoy por legisladores de diversos grupos parlamentarios en esta Cámara.
Esta iniciativa culmina un proceso con el que el gobierno federal (a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) da cumplimiento a una de las principales recomendaciones de los organismos financieros internacionales: crear un sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado basado en la administración privada de cuentas individuales.
Se parte del supuesto de que el actual sistema de reparto en que se basan las pensiones que otorga el ISSSTE es inviable en la actualidad y representa una carga creciente para las finanzas públicas que es insostenible y que hará a mediano plazo inviable la existencia propia del Instituto. Se supone que el sistema de cuentas individuales o de capitalización no tendría un costo extraordinario para el Gobierno Federal y permitiría al ISSSTE liberar recursos para invertir en infraestructura y mantenimiento de los servicios médicos.
Esta iniciativa forma parte de las “reformas estructurales” que buscan eliminar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la seguridad social y la salud como derechos sociales; como tal, es una reforma de corte neoliberal en el que se socializan los costos (que deberán pagarlos los trabajadores asegurados y sus familias) y se privatizan las ganancias que conlleva la administración los cuantiosos fondos de pensión a través del sector bancario-financiero.
Nuestro Grupo Parlamentario rechaza esta iniciativa por las siguientes razones:
El sistema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas. El sistema de aportaciones definidas ha fracasado en México y en el mundo, y ha creado un sector de beneficiarios financieros que no aportan nada a la seguridad social y manejan usurariamente los recursos de los trabajadores; el futuro de las pensiones de los servidores públicos quedará en manos del capital financiero, cuya gestión a través de las afores se ha caracterizado por el cobro desmedido de comisiones, falta de transparencia y un apetito voraz por las ganancias inmediatas.
No representa un avance para atender los problemas más graves de la seguridad social. No atiende problemas como la incapacidad de los institutos para extender la cobertura de la seguridad social a la mitad de la población que carece de ella, ni la regulación de regímenes especiales de privilegio como el de la banca de desarrollo, las pensiones a los ex presidentes de la República y la del Poder Judicial Federal.
Es una reforma altamente costosa. La vía planteada para la transición al sistema de cuentas individuales implica un costo fiscal altísimo que ascenderá al menos, al equivalente de la cuarta parte del PIB o a una vez y media la deuda externa del sector público. Además deja de lado el costo de la reforma a la Ley del Seguro Social que ha llegado al doble del proyectado en 1995.
Reforma los servicios médicos para su privatización, no para su rescate. La iniciativa limita el problema de la calidad de los servicios médicos, a la evaluación del desempeño de las unidades médicas y a la competencia, contemplando medidas insuficientes para la inversión y rescate de la infraestructura. Así mismo, prevé la celebración de convenios con proveedores privados y para la oferta de la capacidad excedente.
La iniciativa cancela derechos y endurece requisitos. Al cambiar la estructura de los seguros del régimen obligatorio del ISSSTE, desaparecen el derecho a la jubilación, la indemnización global y el retiro por edad y tiempo de servicio; restringe prestaciones sociales y culturales, limitándolas a la capacidad financiera del Instituto; y liga el incremento de las pensiones a la inflación y no al incremento salarial de los trabajadores activos.
No es el producto de un consenso con los trabajadores y sus organizaciones. Durante los años en que la SHCP impulsó la reforma, fueron numerosas las expresiones de rechazo de los trabajadores públicos que se verían afectados. Sin embargo, la iniciativa no parece tomar en cuenta las opiniones que se han vertido, dado que coincide plenamente con la propuesta que venía anunciando el Gobierno Federal a través de Hacienda.
Finalmente, refleja la debilidad del gobierno espurio de Felipe Calderón. Hace explícito su compromiso con las cúpulas sindicales corporativas de la FSTSE y del SNTE, cediendo espacios en el organismo administrador de la pensiones, PENSIONISSSTE y en recursos públicos para financiar préstamos, con los que han traficado estas cúpulas.
Si se quiere una verdadera reforma al ISSSTE se requiere de amplios acuerdos para construir un amplio consenso que permita elaborar la reforma que se necesita con base en un criterio de equidad, transparencia y justicia.
Nuestro Grupo Parlamentario PROPONE:
Reconocer y reforzar el papel del Estado en la seguridad social fortaleciendo su responsabilidad frente las pensiones y los servicios de salud, renovando sus tareas y funciones como garante de los derechos sociales; pero también sus compromisos como patrón, promoviendo una política de acuerdos para el rescate de la seguridad social y que no sólo traslade el costo a los trabajadores.
Recuperar la visión integral de la seguridad social en donde salud, pensiones, vivienda, guarderías y demás servicios y prestaciones, tienen el objetivo común de garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias
Un rescate que tenga como objetivos la viabilidad del Instituto en el corto y mediano plazo, el rescate de los servicios y el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en donde Estado, autoridades, sindicatos, trabajadores activos, pensionados y jubilados, asuman su aporte en el rescate del ISSSTE;
Debe realizarse un diagnóstico confiable y compartido, que muestre sin sesgos ni catastrofismos la magnitud de la crisis que vive el Instituto, que se funde en auditorias que precisen el destino de recursos y reservas, que ubique responsabilidades por la corrupción y malos manejos de que ha sido objeto, y que establezca responsabilidades para su rescate.
La reforma que se requiere debe:
Estar apegada a las disposiciones legales para su discusión y aprobación;
Ser legítima, institucional y transparente, respaldada por un amplio consenso social y no sólo por una mayoría legislativa;
Precisar quién asume los errores del pasado, como base del acuerdo, equidad y justicia del sistema;
Vincular al Estado y renovar el carácter estatal de la seguridad social;
Distribuir el costo entre todos los agentes y;
Debe partir de un principio en el que la seguridad social garantice un nivel de dignidad y suficiencia a los trabajadores y sus beneficiarios.El Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara se compromete a impulsar las acciones producto de los más amplios consensos, a fin de aspirar a un modelo acorde con la actual situación económica, política y social y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado.