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La oportunidad para la reforma Porfirio Muñoz Ledo 26 de abril de 2007 Ayer quedó instalada en el Senado de la República la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en consonancia a lo dispuesto en la Ley para la Reforma del Estado. El nombre es tan complejo como la ambición anunciada, y las dudas que lo circundan tan densas como frustrantes fueron los empeños anteriores. Cuidado sin embargo con banalizar el ejercicio. Lo que se juega es nada menos que la capacidad de los actuales actores políticos e instituciones representativas para reconducir la transición mexicana; para otorgar a la República nuevas bases de legitimación y de sustento. Pareciera que nuestros legisladores se hacen cargo de la deriva en que se ha extraviado la maltrecha nave de las instituciones públicas. Así lo reconocen en el texto justificativo del proceso que ahora emprenden. Afirman que las reformas precedentes se constriñeron casi exclusivamente a los aspectos electorales y que a pesar de ello hemos incurrido nuevamente en comicios ilegales. Admiten que la cultura antidemocrática ha sobrevivido y que nos encontramos "en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, profundizació n de las desigualdades, estancamiento económico, desbordamiento de la delincuencia y penetración del narcotráfico en las esferas del Estado". La gravedad del diagnóstico obliga a preguntarse sobre el sentido y tamaño de los cambios que pretenden realizarse. Supone un deslinde con las llamadas "reformas estructurales", hasta ahora frustradas, que son secuela de las hondas mutaciones introducidas por los gobiernos neoliberales y que están en el origen del dramático adelgazamiento de las instituciones públicas y del imperio de los poderes fácticos denunciados hoy por el Congreso mexicano. Implica la determinación de llevar a cabo una genuina contrarreforma en consonancia con los vientos que soplan. Se trataría de desandar un lamentable trecho de la historia en el reencuentro de nuestra mejor tradición republicana. El impulso contemporáneo por la transformación democrática del país partió del análisis de la situación que se vivía a finales de los años 80. La cuestión era entonces cómo reaccionar frente a una globalización inducida: mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades internas para la competencia y la actualización del Estado, o bien, por la aceptación sumisa a los dictados privatizadores y la cesión de nuestras potestades soberanas a sistemas ajenos de decisiones. El fraude electoral de 1988 y los titubeos de la dirigencia opositora resolvieron el dilema en términos catastróficos, que 20 años después debiéramos remontar a través de un nuevo consenso nacional. En el primer programa de la revolución democrática asentamos el año siguiente: "En nombre de una supuesta reforma del Estado asistimos a una desmedida privatización y desregulación del poder estatal que transfiere hacia el extranjero y los sectores oligopólicos internos las decisiones fundamentales del país". Añadimos: "los cambios introducidos no obedecen al libre juego de las fuerzas económicas y políticas, sino que han sido impuestos verticalmente con el apoyo del andamiaje corporativo, la defraudación electoral y el control de la comunicación" . La denominada "modernización autoritaria" se implantó en efecto con el concurso de regímenes dictatoriales y partidos hegemónicos. Para contrarrestarla proponíamos una democratización profunda. Avanzábamos así: "La reforma del Estado que nuestro país necesita exige la revaloración de la función pública, la participación social, la desconcentración de la autoridad y el establecimiento de fronteras claras entre lo estatal y lo privado, que eliminen el carácter patrimonialista del poder público, disuelvan los monopolios y liberen las energías productivas de la nación". Exactamente lo que es necesario hacer hoy, de modo tardío pero impostergable. En la misma dirección añadíamos: "La suficiencia del Estado y el carácter eminentemente distributivo de la acción pública son elementos indispensables de la reforma política". Y algo más: "El Estado democrático no se define solamente por el origen de su mandato y la regularidad de su ejercicio sino por el cumplimiento de sus objetivos básicos, de conformidad con el pacto social que justifica su existencia". No acierto a vislumbrar un sentido distinto a los cambios que ostensiblemente requiere el país. Han quedado claros en los contactos preliminares del presente intento los siguientes puntos: que estamos hablando de reformas constitucionales de gran calado, que el tratamiento será secuencial pero que se agotará la totalidad de la agenda -aun si se requiere prórroga o cambio de método-, que comprende modificaciones sustantivas, capaces de desencadenar consecuencias notables en las reglas de acceso, ejercicio y distribución del poder, así como en su relación con la sociedad y, por último, que la participación de especialistas y organizaciones civiles habrá de ser propositiva y de calidad, no de relleno. La pregunta que flota en la atmósfera es: habida cuenta que las reformas a la Constitución requieren el voto de los legisladores del PAN, ¿cuál será la actitud de éste y de su gobierno? ¿Buscarán amortiguar los cambios de envergadura, como lo han venido haciendo desde el inicio de la transición? ¿Ensayarán atraer al PRI hacia posiciones conservadoras, aprovechando sus tensiones internas? O bien enfrentarán con honestidad el debate sobre las grandes cuestiones nacionales y entrarán con seriedad al terreno de la negociación parlamentaria y de la explicación pública de sus posiciones. Llama por ello la atención el artículo publicado por Felipe Calderón en memoria de su mentor, Carlos Castillo Peraza, presentándolo como el "verdadero ideólogo de la transición política mexicana, porque la concibió, la diseñó y la supo llevar adelante". Con independencia de los méritos intelectuales y militantes del estimable personaje, salta a la vista que tan rotunda afirmación es inexacta, ya que su participación en los movimientos sociales y en las negociaciones que produjeron los cambios fue más bien cauta, marginal y casi siempre contraria a la creación de instituciones innovadoras. Algunos han interpretado el texto como una declaración política, más que como una constancia de filiación no pedida. Es parte desde luego del empeño panista por atribuirse la paternidad de una democracia que ellos mismos han torpedeado y de su fervor en ofrecernos una nueva estatuaria y una nueva historia oficial. Pero quizá el mensaje sea que, visto que el autor de la transición ha fallecido, ésta ha concluido también. O peor aún, que el objetivo que los animaba no era la instauración de un régimen democrático, sino el arribo al poder, montados taimadamente en el esfuerzo de los demás. En virtud de la relevancia histórica del asunto procede una aclaración puntual, en las palabras y en los hechos. Así lo esperamos.   bitarep@gmail.com http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37411.html   -------------------------------------------------------   Razones Por: Jorge Fernández Menéndez Sin competitividad, la democracia se pervierte Ayer se inició formalmente la Reforma del Estado. Es, sin duda, un paso positivo, el inicio de un proceso que contribuirá, si es bien llevado, a mejorar sensiblemente la gobernabilidad del país. Ya lo analizaremos mucho más al detalle. El lunes, en la Asamblea Legislativa del DF se aprobó la despenalización del aborto, una decisión controvertida, pero que implica, también, un cambio trascendental en cómo se desarrollan las relaciones sociales, los derechos individuales, en nuestro país. Se dio, asimismo, una muestra más de la sensatez de la gente: las posiciones más polarizadas quedaron neutralizadas y nadie pudo movilizar a grupos significativos para imponer o reventar la decisión. La gente sigue demostrando que está, en muchas ocasiones, por encima de los partidos y sus dirigentes. Todo eso es positivo, deben ser entendidos como avances, pero, en lo más importante, en lo que le da sustento a cualquier esquema de desarrollo democrático, estamos retrocediendo de una forma que sobrepasa ya lo preocupante. En términos de competitividad, México retrocedió tres lugares en apenas dos años (entre 2004 y 2006) y hoy nos ubicamos en una lejana posición, 33 entre las 45 naciones analizadas en el Índice de Competitividad 2006. Casi ninguna nación retrocedió tanto. Es más, sólo seis países vieron disminuir la inversión en ese bienio y México también es uno de ellos, junto con Venezuela, Israel, Bolivia, El Salvador y Polonia. Es grave: tenemos una economía que gira entre el lugar 10 y el 12 en el mundo y, en términos de competitividad, estamos debajo no sólo de países que se han convertido en un ejemplo a seguir, como Irlanda o las naciones nórdicas, sino también muy por debajo de Chile (que se encuentra en el lugar 18), Brasil, Costa Rica y Colombia, en América Latina, y de naciones como Malasia o Israel. Y la razón es sencilla: en ningún ámbito México ha hecho las reformas necesarias para atraer la inversión y tener condiciones competitivas en el concierto internacional, en un mercado global que, cada día, exige más y tiene mayores posibilidades de mover capitales e industrias a los lugares con mayor competitividad. La relación directa entre la competitividad de una economía y las inversiones es inocultable: el país que se ubica en el primer lugar, desde hace cuatro años, en ese Índice, Irlanda, es el que mayor inversión ha recibido: a Irlanda ha llegado, en el índice por persona, siete veces más inversión que a México en el último bienio. En realidad no se debe descubrir nada para saber cómo colocarse en esas condiciones, tampoco es una cuestión de economías altamente desarrolladas: las naciones que encabezan la lista son Irlanda (que vivió prácticamente una guerra civil hasta hace una década), Australia, Suiza, Dinamarca, Noruega, a nivel mundial, y Chile en el ámbito latinoamericano. Todos esos países tienen un sistema fiscal eficaz, un sistema de justicia que funciona, mercados libres y engarzados a la globalidad, gobiernos estables. Todos tienen esquemas fiscales similares: cobran altas tasas al consumo y, sobre todo, Irlanda, ha reducido las tasas a la renta; permiten y fomentan la inversión en casi todos los ámbitos de su economía; Irlanda se convirtió en sólo una década en el país de mejor calidad de vida del mundo y el más competitivo cuando era considerado en los últimos eslabones de toda Europa; Noruega era el más pobre de Escandinavia y hoy está sobre Dinamarca y Suecia, administrando su riqueza petrolera, con una empresa pública autárquica que acepta toda la gama de inversión privada necesaria. Chile es una nación con un sistema político y económico estable y un esquema de seguridad y justicia rápido y eficaz. No hay secretos: todas esas naciones han tomado las mismas medidas y todas han tenido el mismo tipo de éxito. Sólo cuando se intenta descubrir en estos ámbitos el hilo negro o destacar la "singularidad" nacional, se llega al fracaso. El Instituto Mexicano de la Competitividad que preside Valentín Díaz Morodo, establece cinco frentes en los cuales se debe avanzar para poner a México en los niveles que la economía exige: un gobierno eficiente (a lo cual podría ayudar la Reforma del Estado); políticas que faciliten la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a esquemas viables de negocios; aumentar las exportaciones no petroleras; facilitar el comercio exterior. Incrementar el mercado interno y las inversiones. Sin embargo, para ello, se requieren nuevos marcos legales y políticas agresivas en lo fiscal, lo energético y la desregulación de la economía. Mientras México sea una de las naciones donde se castiga mucho más la rentabilidad que el consumo; mientras seamos uno de los países donde más cuesta generar un empleo y más aún despedir a un trabajador, por la causa que sea; mientras el sistema de seguridad y justicia no otorgue certidumbre, tranquilidad y rapidez en los procesos; mientras tengamos sectores enormes de la economía ocupados por empresas monopólicas o hegemónicas a un grado tal que torna casi imposible la competencia; mientras nuestra legislación en el terreno energético sólo sea equiparable a la de Corea del Norte, será imposible ingresar a esos primeros lugares en términos de competitividad y, por lo tanto, de inversión, lo único que generará los empleos y la disminución de la pobreza que son, junto con el combate a la inseguridad, los tres objetivos de este gobierno. Insistimos: no hay secretos, las recetas están probadas y comprobadas en la práctica y en los niveles de desarrollo y calidad de vida alcanzados por las naciones que están en los primeros lugares de la competitividad mundial. Todas asumieron las mismas políticas y todas han tenido un resultado similar. Mientras tanto, en México, seguimos paralizados, tratando de descubrir el hilo negro de nuestra "singularidad" como nación. http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=72&idioma=27&parent=99999999.6.&noticia=29012&ruta=Razones   --------------------------------------------------------------   Juegos de poder

Por: Leo Zuckermann

Ahora le toca al Congreso: ¿estará a la altura?

Ayer quedó claro que terminó la era del presidencialismo y que el Congreso se ha convertido en el actor central de la vida política nacional. Hemos dejado atrás los tiempos en que el Presidente era la estrella del sistema alrededor del cual giraban todas las demás instituciones. En épocas del régimen priista, todas y cada una de las reformas políticas fueron convocadas, negociadas y redactadas desde el Ejecutivo federal. Hoy, el Presidente ni siquiera pudo estar en el acto donde formalmente arrancaron los trabajos de la Reforma del Estado. Ahí estaba gran parte de la clase política nacional, pero no Felipe Calderón. En el presídium estaban los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo, pero no el de la República (en su representación estaba el secretario de Gobernación). El Congreso será el que lleve la batuta de la nueva reforma política por medio de una ley curiosa que norma los trabajos de este proceso. La pieza fundamental será un organismo de largo nombre y expectativas: la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. El Ejecutivo federal tiene un lugar en este órgano pero la mayoría la poseen los diputados y los senadores. De esta forma, el Congreso está reafirmando el poder que le confiere la Constitución. Y es que una reforma política verdadera implicará modificaciones a la Carta Magna lo cuál sólo pueden hacer una mayoría calificada de dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, más la mitad de los 31 congresos locales. El Presidente no tiene ningún poder formal en el proceso de enmendar la Constitución. Esto no quiere decir, sin embargo, que Calderón no tenga cierto poder. El Presidente, a través de su partido, podría vetar cualquier reforma a la Constitución. Y es que ésta no puede enmendarse sin la anuencia del PAN que controla 41% de ambas Cámaras. Con esta representación, los panistas tienen la llave de cualquier reforma constitucional. Nótese, sin embargo, que el poder del Presidente depende de manera crítica del apoyo de los legisladores de su partido. Es, una vez más, la preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo. El Congreso comenzó ayer los trabajos de la Reforma del Estado con una buena convocatoria. En el acto se encontraba gran parte de la clase política mexicana, de todos los colores. Ahora, sin embargo, viene lo bueno, es decir, la producción de resultados. De acuerdo a la curiosa Ley para la Reforma del Estado, los legisladores tendrán un año para negociar y aprobar modificaciones del régimen de Estado y gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial y garantías sociales. Es una agenda muy ambiciosa en temas muy complicados. Mientras que los líderes del PT y del PRD insistían en el fraude electoral y en desconocer al gobierno de Calderón, el senador Manlio Fabio Beltrones cerraba el acto diciendo que este era el primer paso para el reencuentro político; que no había tiempo que perder. Efectivamente: el país ya perdió mucho tiempo en este tema atorado. Vamos a ver si el Congreso, como antes hacían los presidentes, se pone a la altura de las circunstancias y nos sorprende con una verdadera Reforma del Estado o si todo este esfuerzo deriva en una rebatiña donde cada partido defiende sus intereses de corto plazo mas no la gobernabilidad del país. Quizá yo sea un escéptico pertinaz, pero sigo apostándole más a lo segundo que a lo primero. Ojalá me equivoque. http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=72&idioma=27&parent=99999999.6.&noticia=29016&ruta=Juegos%20de%20poder   -------------------------------------------------------   Arsenal Por: Francisco Garfias Una feliz paradoja La tan criticada Ley para la Reforma del Estado sentó en la misma mesa al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y al dirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño. Es, sin lugar a dudas, una feliz paradoja. El acontecimiento no es menor. Hay un mandato del presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, disfrazado como resolución de la Convención Nacional Democrática, de no sentarse a negociar con el gobierno del "espurio" Felipe Calderón. Le preguntamos a Cota si su presencia allí significaba un cambio de postura o una tregua con Felipe. "Convoca el Legislativo, no el Ejecutivo", justificó el dirigente perredista. Cota nos aseguró también que ni siquiera sabía que en la mesa se iba a sentar un funcionario del Ejecutivo. El encuentro sucedió ayer durante la concurrida instalación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que se fijó un plazo de 12 meses para aprobar la Reforma del Estado. Juntar a los adversarios políticos no fue obra de la casualidad, como quiere hacerlo ver Cota. Es producto de una inteligente estrategia política. La coyuntura ayudó al priista Manlio Fabio Beltrones a colgarse la medalla, pero no es su obra exclusiva. Hay que reconocerle méritos, entre otros, a Santiago Creel, quien vio más allá de sus narices, y al perredista Carlos Navarrete. Sólo el PRI podía convocar. Si lo hubiera hecho el Ejecutivo o Acción Nacional, Cota jamás hubiera aparecido. Cota no era el único lopezobradorista connotado. Allí estaban Manuel Camacho y Porfirio Muñoz Ledo. También figuras del panismo, como Diego Fernández de Cevallos, y el anatemizado presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien jaló los flashes de las cámaras, cuando Cota criticó al IFE. No son pocos los gobernadores que ven en la recién aprobada Ley para Combatir el Narcomenudeo un "arma de dos filos". El temor es que ahora que tienen facultades para perseguir a los traficantes, el gobierno federal se haga el desentendido, con el argumento de que ya no es de su exclusiva responsabilidad. Peor: no les dieron recursos adicionales para apoyar esa lucha. Uno de los gobernadores no panistas nos comentó en corto que ve mucho más decidido a Felipe Calderón que a Vicente Fox en el combate al crimen organizado. "Le dije 54 veces a Fox que el Estado no podía dejar sin respuesta los crímenes estridentes de estas bandas, pero nunca le cayó el veinte", manifestó el mandatario. Pero apenas llegó al poder, el presidente Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga. Lanzó operativos policiaco-militares en los estados donde el crimen organizado ha sentado sus reales: Michoacán, Guerrero, Baja California, Nuevo León. Los resultados han sido muy relativos. En algunos de esos estados han disminuido las ejecuciones (caso Michoacán), pero en otros es el pan nuestro de cada día (Guerrero, Nuevo León). Otro fenómeno que ha surgido en esas entidades es que la prensa local se autocensura cuando informa sobre el crimen organizado. Normal. No hay quien les garantice ni siquiera que seguirán con vida. Menos cuando uno es reportero. Allí están los casos de los periodistas sonorenses Alfredo Jiménez, de quien nunca se volvió a saber nada, y Saúl Noé Martínez Ortega, que fue encontrado muerto hace dos días, encobijado y en avanzado estado de descomposición. Pero no sólo hay prudencia y miedo. La impunidad con la que se mueven las bandas organizadas ha multiplicado el fenómeno de la corrupción. Hay casos en que los capos hasta dictan las notas para denostar a las bandas contrarias. "Han permeado todo", admite el citado gobernador. López Obrador inicia este jueves una gira de cuatro días por Michoacán, la tierra de Felipe Calderón. Visitará 24 municipios y se va a reunir con Lázaro Cárdenas Batel. El Peje buscó personalmente al gobernador de la entidad, para avisarle de su gira. Tenía meses de no hacerlo. ¿Reconciliación en puerta? panchogarfias@yahoo.com.mx http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=72&idioma=27&parent=99999999.6.&noticia=29017&ruta=Arsenal